Un efecto corrosivo que llega en plena campaña

Malos tiempos para la lírica federalista en Catalunya. La sentencia del Tribunal Constitucional que amputa 14 artículos del texto no dejó satisfechos a los defensores del Estatut y, por ende, de la España plural. Pero tanto el PSC como CiU reconocían, con la boca pequeña y a la espera de conocer la literalidad de la interpretación a la baja que el alto tribunal haga de 27 artículos más, que podría haber sido peor.

Montilla, que según fuentes próximas "a media mañana esperaba un fallo más drástico con una votación artículo por artículo", prefirió ver la botella medio llena. Pese a su "indignación", se mostró seguro de que, a través de la política, Catalunya obtendrá del Gobierno lo que los diez jueces del TC le hurtaron ayer con una lectura restrictiva de la Constitución.

Rotundo fracaso del frente que buscaba frenar un fallo antes de las elecciones

Más allá de su impacto en el futuro del Estado autonómico, el fallo tendrá repercusión en las elecciones que Montilla baraja convocar a finales de noviembre. A mediados de abril, el PSC y CiU urdieron un frente común que tenía como objetivo abortar una sentencia anterior a la cita en las urnas. Han fracasado pese a interponer varios recursos, intentado abrir el proceso de renovación de los miembros del TC que juzgaron el Estatut con los mandatos caducados e incluso exigiendo a la institución que se declarara incompetente.

El PSC y CiU, gestores y valedores del statu quo autonómico durante tres décadas, intentarán ahora encauzar la indignación de una amplia mayoría de los catalanes, a los que se había apercibido por diferentes canales de las negativas consecuencias de un recorte en ámbitos tan sensibles como la definición de Catalunya como nación o la lengua.

Montilla ha conseguido durante estos meses erigirse en "el president del Estatut". Se ha ganado la pátina catalanista que algunos, incluso en el PSC, le racaneaban cuando relevó a Pasqual Maragall en 2006. Pero ahora deberá pasar de las palabras a los hechos. Y ello puede costarle chocar con el PSOE y Zapatero, a quien ya trasladó no sólo su disconformidad con el fallo sino su voluntad de no dar ni un paso atrás en la defensa del Estatut votado por los catalanes.

CiU y PSC intentan encauzar de nuevo la respuesta para no ser desbordados

Los estados mayores del PSC y CiU ya pactaron cosas en las horas previas al fallo, como que la reacción convergente tuviera perfil público bajo para ceder el protagonismo al president en su anuncio de no aceptar el recorte, reunir el pleno del Parlament y convocar una manifestación unitaria.

La sentencia obtura caminos intermedios entre el independentismo y el estado unitario. O, como mínimo, los deja al albur de decisiones y equilibrios políticos. "Nos han dicho que hay cosas que no las podemos poner en un Estatut, pero eso no quiere decir que no se puedan incorporar a leyes estatales como la del Poder Judicial", se consolaba un dirigente del Tripartito.

La desvirtuación de nación y el freno a la lengua dificultan mucho la aceptación

Montilla irá a las urnas insistiendo en la reclamación de la España plural. Y Mas, que no es partidario de abrir aún la vía secesionista, apostará por el derecho a decidir limitado al concierto económico para la próxima legislatura. ICV-EUiA, que después del fallo fue más contundente que el president, asume con desazón que empieza el ingrato camino de la reforma de la Constitución, que no da cobijo a la aspiración catalana.

Así las cosas, sólo ERC y el PP parecían ayer satisfechos. Los que más, los republicanos, pese a la gravedad formal del rostro de Joan Puigcercós. La sentencia refuerza el argumento de que el recorrido de Catalunya en España está agotado y que ahora se impone la secesión. El único pero que, para ellos, tenía una sentencia que cercenara el texto es que hacía insostenible su permanencia en un Govern que fuera moderado (o realista) en la reacción. Que el fallo esté tan pegado a las urnas les ahorrará tensiones con sus socios del PSC.

Mientras que socialistas y nacionalistas se verán obligados a redefinir su hoja de ruta (la "defensa del Estatut" ya ha pasado a mejor vida), a ERC le basta endurecerla. El rearmado reclamo independentista le permite tensionar a su base electoral. Los republicanos saben que eso les complica los pactos, pero recuerdan que se abre otro escenario y que en él la posición más rentable es quedarse en la oposición, donde hasta ayer parecían condenados a llegar menguados.

El Estatut queda un poco más deformado en relación a como fue concebido. Del Parlament salió, el 30 de septiembre de 2005, un texto de gran calibre que establecía una relación casi confederal entre Catalunya y España. En las Cortes, y tras dejarse varios jirones con el pacto Mas-Zapatero, perdió el apoyo de ERC. Ayer dijo adiós al de CiU y se ganó poco más que indiferencia de PSC e ICV-EUiA.

Ganó un aliado: el PP. Alicia Sánchez Camacho lo hizo suyo y se mostró dispuesta a desplegarlo y defenderlo. Para ella, el momento del fallo es reparador. El suyo ya no es el partido del recurso contra el Estatut, es el que ha asegurado su constitucionalidad. Camacho se quita un peso de encima y ahora ya no tiene sentido según su lectura que siga el cordón sanitario que la aleja de los pactos.

Todo entra en crisis si alguien no aplica el Estatut, contra viento, marea y el Tribunal Constitucional.