El Tribunal Superior de Madrid (TSJM) dio ayer el pistoletazo de salida para embargar los bienes de Pablo Crespo, considerado el número dos de la trama Gürtel. El embargo busca cubrir la fianza civil de 85 millones impuesta a Crespo el 30 de marzo de 2010 en previsión de las responsabilidades económicas exigibles en caso de condena. La lista de bienes que la justicia planea incautar incluye cuatro parcelas, una vivienda, seis plazas de aparcamiento, dos barcos, siete cuentas bancarias y dos coches. La nómina de propiedades alcanza tanto a las que Crespo poseía a su nombre como aquellas inscritas bajo titularidad de tres sociedades: Artas, Hator y Cresva.

Crespo permanece en prisión porque todavía no ha pagado la otra fianza, esta penal, que pesa sobre él. De cuantía muy inferior (600.000 euros), satisfacerla le permitiría abandonar la cárcel en la que permanece desde febrero de 2009.

Pero que no haya pagado ninguna de las dos cauciones impuestas por el juez Antonio Pedreira no significa que sea incapaz de afrontar el desembolso. El decreto de embargo incluye un párrafo revelador: 'En el exhorto devuelto por el juzgado de primera instancia e instrucción número dos de Colmenar Viejo [Madrid], se hizo constar que Pablo Crespo manifestó que él mismo ni se declaraba insolvente ni quiere abonar la fianza'.

Firmado por el secretario de la Sala Civil y Penal del TSJM, el decreto de embargo admite recurso directo de revisión. Pero sin efectos suspensivos. Es decir, aunque Crespo impugnase la incautación de sus propiedades, el proceso no se detendría.

Entre las parcelas embargadas figuran tres localizadas en Boadilla del Monte (Madrid) y cuya hipoteca se ofreció el Ayuntamiento a pagar, aunque el juez Antonio Pedreira prohibió semejante iniciativa. Con dos exalcaldes imputados en el caso Gürtel, Boadilla sigue gobernada por el PP.

Mientras Crespo deberá afrontar el bloqueo de su patrimonio, otro de los imputados en la causa, el empresario José Luis Ulibarri, ha visto cómo el juez le atribuye otro delito fiscal. Según Pedreira, una de las empresas de Ulibarri (UFC) defraudó a Hacienda 595.000 euros en la compra de una finca.