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Entidades catalanas se querellan contra el conseller de Sanidad por "tráfico de influencias"

Aseguran que los recortes realizados por el departamento de Boi Ruiz son "un atentado contra los derechos de la ciudadanía"

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Seis entidades ciudadanas han presentado este lunes una querella criminal ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra el consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, y su equipo de gobierno avisando que pudieron cometer delitos tipificados en el Código Penal como el de omisión del deber de socorro, tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. A su juicio, las consecuencias de las decisiones de altos cargos que denuncian provocan un deterioro en el derecho de protección de la salud que tiene un límite y se fija en la legislación vigente.

Critican que el actual ordenamiento jurídico, a través de un decreto aprobado por el Govern anterior y modificado este año por el actual, garantiza el derecho de las personas a operarse en un plazo máximo de seis meses, y, según los denunciantes, este derecho 'se habría vulnerado sistemáticamente'.

La Plataforma de Afectados por los Recortes Sanitarios (Pars), la Lliga de la Síndrome de Fatiga Crònica, Attac Acordem, Dempeus per la Salut Pública, Catac-Cts/IAC y Attac Catalunya han defendido que 'esta querella es un segundo paso en la lucha para denunciar la opaca gestión de la sanidad pública y el atentado contra los derechos de la ciudadanía'.

'El derecho constitucional de protección de la salud está en notorio peligro en Catalunya'  Estas entidades ya presentaron en marzo una denuncia ante el TSJC, pero ante la decisión de archivar la misma, las entidades han presentado esta querella, de 80 páginas y 400 hojas de anexos, porque 'el peligro en que hoy se encuentra el derecho constitucional de protección de la salud es notorio en Catalunya'.

En su opinión, 'los problemas económicos de la sociedad no pueden ser justificación para impedir que los ciudadanos ejerzan los derechos regulados por ley'.

Las entidades sostienen que la Consejería de Salud estaría 'manipulando, y en algunos casos ocultando, datos oficiales para minimizar el impacto de los datos reales en la opinión pública'.

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