España ha logrado este martes bloquear una nueva norma comunitaria cuyo objetivo es reforzar los derechos de los pacientes que viajan para recibir tratamiento en otro Estado miembro, por ejemplo para saltarse una lista de espera. La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, alegó que la directiva no garantiza una atención de buena calidad y supondrá un coste adicional para la sanidad española de 2.000 millones de euros anuales.

'Hubo una minoría de bloqueo que hizo imposible el acuerdo pese a que la presidencia presentó dos nuevas propuestas de compromso', dijo una portavoz de la presidencia sueca de la UE. Esta minoría estaba formada por España, Portugal, Rumanía, Grecia, Polonia, Lituania y Eslovaquia, explicaron fuentes comunitarias.

Ahora será la presidencia española, durante el primer semestre de 2010, la que trate de lograr un acuerdo sobre la directiva de servicios sanitarios.

La directiva establece que los europeos no necesitan autorización previa de su país de origen para recurrir al 'turismo sanitario' y tienen derecho a que se les reembolse el coste del tratamiento a la vuelta. En el caso de los tratamientos hospitalarios y altamente especializados, sí que se permitirá a los Estados miembros introducir un sistema de autorización previa para sus nacionales que quieran ir a otro país de la UE. Eso sí, deberán justificar que, sin esta restricción, podría haber riesgos para el funcionamiento de su sistema sanitario.

Para España, esta norma 'va en contra del derecho exclusivo que tiene cada Estado a la organización de sus servicios sanitarios' y no garantiza 'ni la calidad ni la seguridad jurídica suficiente', según dijo la ministra de Sanidad a la entrada de la reunión.

En concreto, dos eran las cuestiones que más preocupaban a España en la fase final de las negociaciones. El compromiso presentado por la presidencia sueca obligaría a la sanidad pública española a pagar el tratamiento de un paciente español que acuda a un hospital privado de otro país de la UE, incluso aunque no estuviera concertado.

El Gobierno rechaza esta posibilidad y alega que si el mismo ciudadano va a un hospital privado en España no se le reembolsarían los costes. El segundo problema para España es la definición del Estado miembro de afiliación, sobre todo en el caso de los pensionistas.

Los países nórdicos y la presidencia defendían que el Estado miembro de afiliación tiene que ser el de residencia. Es decir, que si un jubilado alemán que reside en Mallorca va a tratarse a Alemania, debe ser España la que le pague los costes. Sin embargo, los países del sur defienden que el Estado de afiliación debe ser áquel donde el pensionista ha contribuido a la seguridad social. Es decir, en el caso anterior debería ser Alemania la que pagara.