'Sólo le queda privatizar el aire'. Esta fue la reacción de los socialistas en la Asamblea de Madrid después de asistir boquiabiertos a la última iniciativa privatizadora de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Fue el 16 de septiembre pasado cuando coló, en su discurso del estado de la Región, sus planes de privatizar el 49% del Canal de Isabel II. Para ella, es la mejor forma de hacer frente a más infraestructuras hidráulicas en plena crisis. Para la oposición, una burla. '¿Cómo puede atreverse a privatizar un bien común?', se pregunta un diputado socialista.

Los planes sobre el Canal de Isabel II vienen a sumarse a privatizaciones ya consumadas en los sectores de la Sanidad y la Educación.

Curso tras curso escolar, los sindicatos y la oposición se hartan de denunciar el crecimiento de la enseñanza privada en detrimento de la pública. Este año, en concreto, se han reducido en 40 millones de euros los fondos para inversiones en construcción y mejora de los centros públicos.

Las quejas de muchos madrileños sobre la Educación pública abarcan todas las etapas: los padres tienen problemas para encontrar plaza en las escuelas infantiles y los universitarios ven cómo el número de facultades públicas iguala ya al de las privadas, cuando la gran mayoría del alumnado se concentra en las primeras.

Tampoco entienden por qué si los servicios públicos están para igualar a todos los ciudadanos, la escuela está consiguiendo lo contrario. Así, los inmigrantes y los alumnos con necesidades especiales se concentran en la pública.

En el ámbito sanitario, tampoco faltan las críticas. Oposición y sindicatos denuncian que se está engañando a los ciudadanos vendiéndoles la construcción de nuevos hospitales gestionados por empresas privadas como forma de desatascar las listas de espera cuando estos carecen de camas suficientes para dar cobertura a la población a la que han de prestar servicio. En ocasiones, estos centros sanitarios no llegan a una cama por cada 1.000 habitantes, cuando la media de España supera las tres camas.

En los últimos días, cada visita del consejero de Sanidad, Juan José Güemes, a hospitales de la región ha venido acompañada de abucheos, gritos y descalificaciones. Los manifestantes se quejan de la reducción de personal en los nuevos hospitales y de que centros como el de Majadahonda, sustituto del Puerta de Hierro, han comenzado a prestar servicios a medio gas. Además, lamentan el incremento (51,6%, según la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública) del presupuesto para la atención sanitaria especializada con medios ajenos a la Seguridad Social.

Mientras, la respuesta del PP madrileño es siempre la misma: todas sus iniciativas van encaminadas a permitir que los ciudadanos tengan mayor libertad de elección.

Es precisamente la palabra libertad la que llena las páginas de la ponencia 'Servicios públicos de calidad', elaborada, entre otros, por Güemes, para el XIV Congreso Regional del PP madrileño. Concretamente, aparece en 62 ocasiones y, en la mayoría de ellas, es perfectamente sustituible por el término privatización. La ponencia recoge que el PP ha convertido la Sanidad pública 'en un símbolo del progreso de la Comunidad de Madrid'.

Además, queda patente que los conservadores madrileños piensan mantenerse en la misma línea. Lo hacen en el apartado 'La tercera ola de modernización del sector público', que la oposición ya ha bautizado como 'la tercera ola de la privatización'. 'La introducción de mayor libertad en sectores como la educación, la sanidad o la atención a personas dependientes constituye una palanca para mejorar su eficiencia y la calidad de la atención que reciben los usuarios', reza uno de los párrafos.

Lejos de compartir esta visión, los socialistas consideran que 'la privatización de los servicios públicos tiene consecuencias muy negativas', explica Maru Menéndez, portavoz del Partido Socialista de Madrid (PSM) en la Asamblea. Menéndez considera que los ciudadanos son cada vez más conscientes de que la entrada del sector privado en los servicios públicos les perjudica totalmente. 'Perdemos un patrimonio que es de todos y, además, supone un retroceso democrático porque estos procesos no han sido acompañados de mecanismos de control', añade.

La portavoz del PSM en la Asamblea de Madrid coincide con Inés Sabanés, de IU, en que el hecho de que el sector privado pase a gestionar los servicios públicos supone una merma de calidad en la atención a los ciudadanos. 'Una empresa que tiene que obtener beneficios solo puede hacerlo recortando inversiones' sostiene Maru Menéndez.

Mientras, Aguirre sigue erigiéndose en máxima defensora del liberalismo. 'Las políticas liberales no sólo promueven más prosperidad y oportunidades para todos, sino que son las más sociales, las que permiten impulsar y articular mejor la solidaridad entre los ciudadanos', ha dicho. Hospitales a medio funcionar y privilegios para la enseñanza concertada (en cinco años, se han incrementado un 91,5% las ayudas) no van en esta dirección.

 Buscar un dueño para un agua que es de todos

La privatización del 49% del Canal de Isabel II, empresa pública responsable de la gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, es el último objetivo privatizador de Esperanza Aguirre.

El anuncio lo hizo el pasado 16 de septiembre en el debate sobre el estado de la Región. La presidenta madrileña adelantó que el proceso consiste en crear una sociedad cuyas acciones podrán ser adquiridas en un 49% por los madrileños. Dada la situación económica actual, a Aguirre se le ha ocurrido que poner en el mercado el 49% del Canal es una nueva fórmula de gestión y financiación para hacer frente a futuras inversiones. Es más, apuntó que sus planes daban a los madrileños la oportunidad de ser “propietarios” de su agua. Es precisamente este argumento el que más escoció a la oposición. “Es una decisión para hacer caja engañando a los madrileños diciendo que pueden ser accionistas, cuando ahora mismo los madrileños somos los mayores accionistas del canal”, se queja la socialista Maru Menéndez.

También sostiene que Esperanza Aguirre no lo va a tener nada fácil porque se vulnerarían las cláusulas de los convenios con los ayuntamientos. De hecho, el alcalde madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, el rival más temido por Aguirre, aseguró que de llevarse a cabo estos planes, tendría que denunciar “por obligación” la entrada de capital privado en la empresa pública del Canal de Isabel II.

¿Por qué no llegan las ayudas?

La capital de España figura entre las comunidades autónomas gobernadas por el PP que mantienen bloqueada la Ley de Dependencia. A comienzos de octubre, cuando se conoció que el proyecto de Presupuestos Generales del estado recogía un incremento del 33% para la citada ley, los socialistas madrileños se preguntaban por qué Aguirre seguía poniendo obstáculos para la puesta en marcha de ayudas para los dependientes. La respuesta fue la misma que desde la Puerta del Sol, sede del Gobierno madrileño, llevan dando durante todo este año: Madrid destina a los dependientes más que Rodríguez Zapatero a toda España. No obstante, cargaron de nuevo contra el presidente del Gobierno por “generar derechos y no poner presupuesto para ello”.

Los socialistas sospechan de que con estas acusaciones la presidenta de la Comunidad de Madrid está intentando ganar tiempo. ¿Para qué? “Tememos que este bloqueo de la Ley de Dependencia puede deberse a que Aguirre esté pensando en hacer negocio también con esta ley”, apunta Maru Menéndez, portavoz de los socialistas en la Asamblea de Madrid. Mientras que en Madrid, con una población de 6.081.689 habitantes, sólo 16.000, ciudadanos se benefician de la Ley de Depedencia, en Catalunya (7.210.508 habitantes) la cifra llega a los 60.000. Los datos que maneja UGT sobre plazas de residencias en la Comunidad de Madrid son muy reveladores. De las 22.126 plazas que hay, solo 8.775 son de la Comunidad. La lista de espera es de 18.543 plazas.

Pendiente de un cambio legislativo

La privatización de Telemadrid, la cadena autonómica de la capital, “cuando la ley lo permita”, fue una de las apuestas estrella de los conservadores madrileños en su XIV Congreso Regional, celebrado el pasado septiembre. El texto de la ponencia “Sociedad y Libertad” justificaba este proceso privatizador al considerar el partido que “la información debe estar al margen del poder político, que debe estar en manos de la iniciativa privada, lo que no impide que las fuerzas políticas promuevan la información que consideren de su interés”. Para que este proyecto de Aguirre llegue a buen puerto, sería necesaria la modificación de la Ley de Terceros Canales, que depende del Gobierno central. No es la primera vez que la ‘lideresa’ pone sobre la mesa esta posibilidad. En octubre del pasado año, el grupo conservador de la Asamblea de Madrid presentó una proposición no de ley para instar al Gobierno a modificar la Ley de Terceros Canales.

En esta ocasión, Izquierda Unida se ha opuesto de nuevo “firmemente” a los planes de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Mantienen que lo único que necesita la cadena autonómica son “notables cambios para recuperar la confianza de los madrileños”.

Tampoco ha sido muy bien recibida la idea en el Ministerio de Industria, desde donde aseguran que, hasta la fecha, no se han planteado ninguna iniciativa de este tipo con los canales autonómicos.