Extremadura y Castilla y León contratarán docentes

El efecto dominó que la semana pasada llevó a varias comunidades autónomas a eliminar las oposiciones a docentes de Primaria y Educación Infantil para el próximo curso ha dado un vuelco. Extremadura y Castilla y León, que renunciaban a cubrir las jubilaciones de sus profesores para no asumir a los opositores de otras autonomías, anunciaron ayer que sí convocarán plazas.

En total, 11 autonomías han dicho que sí convocarán. La Rioja, Asturias, Cantabria, Canarias y Castilla-La Mancha mantienen su decisión de no cubrir ninguna de las vacantes este año y Murcia todavía duda de qué decisión tomar.

Andalucía y Aragón incumplen la Ley general de Presupuestos

Los gobiernos territoriales insisten en aludir al plan de austeridad aprobado en diciembre por el Ejecutivo en los Presupuestos Generales del Estado que marca que pueden cubrirse un máximo de un 30% de las vacantes de docentes. El consejero de Educación riojano, Luis Alegre, sostuvo ayer que los informes jurídicos desaconsejan contratar a los docentes necesarios si para ello hay que superar ese 30%.

La Ley de Presupuestos establece una tasa de reposición de un 10% que asciende al 30% en caso de los docentes. Tan sólo se exceptúan los funcionarios públicos cuya función sea especial, como las Fuerzas Armadas, y siempre con el informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda.

Murcia, que inició el boicot, ahora está deliberando qué hacer

La opción de reponer los puestos por encima del 30% ha sido la elegida por el Gobierno de Andalucía y el de Aragón, que según declaran sus consejeros están dispuestos a cubrir el 100% de las jubilaciones. En caso de que finalmente decidan sobrepasar el 30%, su decisión podría llegar a ser recurrida al Tribunal Constitucional por el Ministerio de Política Territorial por estar incumpliendo la Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobada en 2010.

"Todavía no se ha tomado esa decisión porque estamos a la espera de ver cuántos profesores se jubilarán", afirman en la consejería de Educación de la Junta de Andalucía. La ley presupuestaria andaluza contiene una excepción al fomento de empleo público para 2012 que posibilitaría al Gobierno de José Antonio Griñán negociar con su antecesor Manuel Chaves, ahora ministro de Política Territorial, este esfuerzo en educación.

Algunos expertos sostienen que las elecciones locales de mayo y la presión de los sindicatos están influyendo en esas promesas imposibles de cumplir. El Ministerio de Política Territorial tendría tres meses para estudiar si recurre o no la decisión de incumplir los presupuestos. Este caso se dio con el recurso planteado al Constitucional con la Ley de Cajas de Ahorros de Galicia o la Ley de Educación de Catalunya. Los gobiernos extremeño y castellanoleonés justificaron su cambio de rumbo por la decisión de sus comunidades limítrofes de convocar oposiciones. El cambio de opinión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, anunciado el pasado jueves, ha sido clave para desbloquear las oposiciones de estas comunidades, que preveían una oleada de aspirantes inasumible si Madrid no aceptaba a los miles de aspirantes a maestros. Los sindicatos le recordaron ayer al Ejecutivo de Esperanza Aguirre que se precisan 2.200 plazas por cubrir.

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, instó el pasado sábado a las comunidades a convocar oposiciones "dentro del límite legal". Los sindicatos, algunas consejerías y los partidos de izquierda denunciaron que los recortes en Educación son un ataque al Estado del bienestar. La responsable de Educación de IU, Dolores Dolz, exigió ayer al Gobierno que "dé marcha atrás en sus recortes", informa Juanma Romero.

"La primera responsabilidad es del Gobierno, por plantear una tasa de reposición del 30%", denunció Dolz,cuyo partido se opuso a este recorte en la negociación de los presupuestos. La dirigente de IU pidió además más financiación para las universidades públicas, que están "asfixiadas".