Tras seis años bajo investigación por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal, Carlos Fabra acaba de dar un nuevo paso para demorar su juicio, en el que se arriesga a una pena de 15 años de cárcel. El presidente de la Diputación Provincial de Castellón y líder del PP en esa provincia ha pedido, con éxito, declarar ante el juez. Y ha aportado al sumario un informe pericial privado en su intento por refutar las conclusiones de Hacienda, que cifra en 1,4 millones de euros el fraude fiscal cometido por Fabra y la que fue su esposa.

El instructor del caso, el juez de instrucción número 1 de Nules, ha aceptado que Fabra declare. Su comparecencia se producirá el 23 de septiembre, lo que retrasará el auto de apertura de juicio, cuya emisión se da por segura. El juez Jacobo Pin, el noveno que instruye el caso, ya citó a Fabra para que declarase en mayo. El dirigente conservador alegó entonces que no podía acudir porque sufría graves problemas de salud.

Hoy, fuentes cercanas al caso subrayaron que, al aceptar el requerimiento de Fabra para declarar, el juez acentúa el carácter garantista del proceso y evita así cualquier grieta que el imputado pudiera utilizar para declararse indefenso.

Las mismas fuentes consideran probable que, en su declaración, Fabra intente postergar el momento de sentarse en el banquillo proponiendo nuevas pruebas para contrastar el informe de Hacienda y el elaborado a instancia suya. Quienes conocen la tortuosa evolución del caso creen que el juez Pin no tolerará más retrasos y que, en cuanto declare Fabra, abrirá juicio.

Desde que, en diciembre de 2003, el empresario Vicente Vilar, propietario de Naranjax, denunció que Fabra le había cobrado por hacer gestiones ante el Gobierno de Aznar para agilizar los permisos de fabricación de fitosanitarios, el imputado ha llevado a cabo un sinfín de maniobras dilatorias. La última se produjo hace menos de un mes, cuando Fabra reclamó al juez que citase a los peritos que elaboraron el informe que confirma la existencia de fraude fiscal.

El juez rechazó el recurso el 1 julio. Tres semanas después, trascendió el escrito de la fiscalía, que solicita 15 años de prisión, otros tantos de inhabilitación y el pago de una multa de 1,2 millones de euros. Ese informe destapa que, para agilizar las licencias de Naranjax, Fabra se reunió en 1999 con varios altos cargos del Gobierno, entre ellos los entonces ministro de Agricultura, Jesús Posada, y secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa.