El president valenciano, Alberto Fabra, se decidió este viernes a soltar lastre respecto a su antecesor, Francisco Camps. El mandatario anunció que Paula Sánchez de León, la vicepresidenta única, deja su cargo para ser nombrada delegada del Gobierno. Sánchez de León era la persona de mayor confianza de Camps, a cuya sombra labró una carrera política que la llevó desde un puesto de asesora del expresident en 2003 a número dos del Ejecutivo autonómico en 2011.

La otra damnificada por la crisis de Gobierno de Fabra es Lola Johnson, que seguirá en su puesto de consellera de Turismo pero abandonará la portavocía. Johnson fue directora de Canal 9 hasta que fue aupada a la política por Camps el pasado mes de junio. Era también una de las personas de máxima confianza del expresident. José Císcar, hasta ahora conseller de Educación, ocupará a partir de ahora el lugar de ambas: la vicepresidencia y la portavocía.

El president ha esperado a que pasara el 20-N para hacer cambios

Fabra ocupa el cargo desde el 28 de julio, una semana después de la dimisión de Camps por presunta corrupción. Durante estos cinco meses, el nuevo mandatario había mantenido el equipo heredado del líder anterior, tanto en el partido como en el Ejecutivo autonómico. En este tiempo, algunos sectores del PP regional han cuestionado su liderazgo, ya que fue impuesto por la cúpula nacional del partido sin apenas consultar con los referentes provinciales y autonómicos de la formación. Ahora, una vez superadas las elecciones generales y con Mariano Rajoy ya instalado en el Gobierno, Fabra tiene tres años por delante de placidez electoral en los que puede dedicarse a moldear el partido y el Gobierno de acuerdo a sus intereses.

En estos meses, sin embargo, Fabra sí ha dado algunos pasos que lo han diferenciado claramente de su antecesor. Camps se caracterizó por sus sospechas de corrupción por las que está siendo juzgado desde el pasado día 12 y su opacidad que provocó, incluso, una condena judicial a la Generalitat por negarse a mostrar contratos supuestamente irregulares adjudicados a la trama Gürtel.

Intenta superar la imagen de corrupción, pero mantiene a los imputados

En su afán por distanciarse de la deteriorada imagen del expresident procesado, Fabra ha mostrado algunos de los contratos bajo sospecha, ha ordenado la personación de la Generalitat en uno de los escándalos vinculados al PP del País Valencià el caso Emarsa y ha anunciado que tal vez lo haga con el caso Urdangarin, entre otros gestos. Además, ha reducido su apoyo público a Camps al mínimo imprescindible, y ni él ni ninguno de sus consellers han acudido a apoyarlo en los tribunales.

Fabra, sin embargo, se ha negado a mostrar numerosos documentos bajo sospecha, como los contratos de la Generalitat con Iñaki Urdangarin o muchas de las adjudicaciones a la trama Gürtel. También ha rechazado una investigación en Les Corts Valencianes del caso Brugal. Además, conserva en su grupo parlamentario y en su partido algunos, en puestos muy altos a nueve imputados o implicados en casos de presunta corrupción.