Este miércoles se cumplen 15 días hábiles desde que Facua recibió la carta del Instituto Nacional de Consumo que instaba a la asociación a cesar en sus protestas contra los recortes sociales. ¿Esperabáis una respuesta así del Gobierno?

Sí. Nos lo habían avisado verbalmente en una reunión en el Ministerio de Sanidad un mes antes. En su momento nos sorprendió que se pudiera llegar a plantear una amenaza de ilegalización, pero no lo descartábamos. Es una amenaza que nunca se ha dado en la historia de la democracia española. Por ello, no sabíamos si era un farol del Gobierno diciéndonos: “Censurar vuestra camapaña o podemos tomar represalias contra vosotros”. Finalmente, llegó la carta y nuestra cara fue de asombro tanto por la relevancia como porque procedía de un alto cargo del Gobierno como es la directora del Instituto Nacional de Consumo, Pilar Farjas.

¿Cómo reacciona Facua a esta amenaza?

Lo primero que hicimos fue hacerlo público. Entendíamos que la ciudadanía debía conocer la agresión que el Gobierno estaba llevando a cabo contra nosotros como asociación de consumidores y como organización ciudadana. Al día siguiente, comenzamos a moverlo en las redes sociales y en Twitter se convierte en Trending Topic durante 48 horas seguidas. Hay una respuesta masiva de ciudadanos y de organizaciones y al día siguiente el Grupo Socialista, Izquierda Plural y el BNG le piden a Ana Mato que comparezca en el Congreso. Aun no ha contestado.

'Ana Mato aún no ha explicado en el Congreso la amenaza a Facua'¿Qué consecuencias tendría para Facua ser excluida del registro de asociaciones de consumidores?

En principio se trataría de echarnos de todos los órganos consultivos a nivel estatal donde expresamos damos nuestra opinión y donde somos la voz de los consumidores, echarnos del Consejo de consumidores y usuarios que es el órgano máximo de consulta que tenemos las organizaciones de consumidores y perdemos el derecho a opinar sobre normas que afecten a los consumidores en trámite de audiencia.

El Gobierno alega que Facua se ha extralimitado en sus funciones.

El Ejecutivo, un mes antes de aprobar el 'medicamentazo', nos envía nuestra petición de opinión diciendo “estamos obligados a consultar a Facua porque este asunto es un tema que afecta a los usuarios” y justo un mes después el mismo Gobierno nos amenaza y nos dice que no podemos hablar de la sanidad pública. Sus alegaciones se responden solas.

'Nos sentimos más fuertes que nunca para continuar nuestra campaña' ¿Facua va a continuar su campaña contra los recortes?

Ahora mismo somos mucho más fuertes que hace quince días. Nos han expresado su apoyo decenas de organizaciones ciudadanas de las más relevantes del país, las grandes centrales sindicales, organizaciones ecologistas, ONG para el desarrollo, feministas, etc. Además, hay cientos de ciudadanos que nos han expresado su apoyo para que sigamos luchando contra los desmanes de empresas y gobiernos. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir más fuertes que nunca en nuestra lucha por la defensa de los consumidores y no vamos a paralizar en absoluto nuestra actividad por esta amenaza.

¿Qué supone esta amenaza que Facua califica como única en la historia de la democracia?

Es que es un chantaje sin precedentes en la historia de la democracia. Amenazar con ilegalizar una asociación por expresar públicamente sus ideas y por defender los intereses legítimos de los consumidores y usuarios representa un grave atentado contra la democracia.