La ambición es buena, siempre que los objetivos sean realistas. Los colectivos que trabajan en el sector sanitario coinciden en tachar de 'pretenciosa' la Ley de Dependencia. Médicos, enfermeras, sindicatos y empresarios coinciden en señalar que mucho tienen que cambiar las cosas para que se puedan cumplir los requisitos de acreditación de centros acordados hace sólo un mes entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Política Social.

Faltan, sobre todo, gerocultores cualificados (los profesionales que están en contacto directo con el dependiente, ayudándole a comer, por ejemplo), enfermeras y médicos. Y el futuro se perfila aún más negro, con el apretón de tuercas que la Ley de Dependencia hace a las comunidades para que sean más exigentes al acreditar a centros, públicos y privados.

Según este acuerdo, en 2011 el 35% de los cuidadores, gerocultores, asistentes personales y auxiliares de ayuda a domicilio deberán estar cualificados. Y en 2015, toda la plantilla deberá tener un título. Con la aprobación de estos criterios, se vincula de forma explícita, por primera vez, la calidad del servicio al número de profesionales que prestan asistencia, así como a su formación.

Las exigencias para acreditar centros se pueden rebajar por ley en un 50%. Aún así, los empresarios del sector son pesimistas. 'Es imposible. El 80% de nuestros auxiliares de clínica o gerocultores carecen de un certificado profesional o un título de FP', se queja el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría. Según explica, en España trabajan unos 140.000 gerocultores, y según la Ley, en 2001, 49.000 de ellos (un 35%) deberían tener la formación necesaria.

Echevarría afirma que harían falta 30 ó 40 años para conseguirlo: 'Incluso si destináramos todos los fondos que recibimos a formación, en 2011 sólo conseguiríamos formar a unos 8.000, un 20% de lo que se exige'.

El ministerio que dirige Mercedes Cabrera confía, no obstante, en que será posible. Para ello, el Real Decreto que el Consejo de Ministros aprobará en enero para evaluar y acreditar la experiencia laboral y obtener un título recoge que las primeras acreditaciones se centrarán, sobre todo, en los trabajadores de la Dependencia.

Además de gerocultores con titulación, los empresarios echan en falta enfermeras y médicos. El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González-Jurado, critica la falta de previsión. Dada la escasez de profesionales, ve lógico que las enfermeras no quieran trabajar en las residencias. 'Cobran unos 700 euros al mes', critica.

González-Jurado define como 'una maravilla' los objetivos de la Ley de Dependencia, pero asegura que se hace la vista gorda ante la falta de personal. 'Incluso ahora, si se exigiera a todos los centros que cumplieran las normas, se cerrarían', denuncia.

El presidente de la Sociedad española de Médicos de Residencias (Semer), Alberto López Rocha, también denuncia que incluso los centros públicos incumplen las normas: 'A partir de 40 residentes, debería haber un médico. En España hay unas 5.000 residencias y sólo 2.500 médicos trabajan en ellas'.

En CCOO reconocen la carencia de profesionales cualificados, aunque destacan el potencial de la norma para crear empleo. Según explica la secretaria confederal de Política Social del sindicato, Pura García, 'para 2011 estarán incluidas en el sistema cerca de 800.000 personas [en la actualidad hay más de 422.000] y su atención podría generar en apenas tres años 115.000 puestos de trabajo directos'. El Ministerio destaca que la Ley ya ha generado más de 70.000 puestos de trabajo, la mayoría dirigidos a cuidadores en el entorno familiar.