De poco han servido las cuatro protestas masivas en contra del decretazo del gallego en la enseñanza no universitaria o el rechazo de la comunidad educativa, de los padres y de centenares de asociaciones culturales y sociales a la política lingüística del Gobierno gallego.

La Xunta de Alberto Núñez Feijóo (PP) aprobó ayer el llamado decreto del plurilingüismo, que entrará en vigor el próximo curso, que reduce la enseñanza de la lengua propia en la educación obligatoria. Y eso a pesar de que Feijóo, a instancias del Consello Consultivo, ha tenido que renunciar a su compromiso electoral de preguntar a los padres sobre la lengua en la que desean que se escolaricen sus hijos, porque la iniciativa tenía varios elementos susceptibles de ser considerados ilegales. De momento, el Gobierno autonómico sólo podrá mantener la consulta a los progenitores de niños en Educación Infantil.

Pero Feijóo no parece dispuesto a cejar en su empeño. Por ese motivo, su intención es remitir al Parlamento un proyecto de ley que le proporcione cobertura legal a la consulta en todas las etapas de la enseñanza. 'No se trata de una rectificación', se apresuró a precisar. Pese a no contar con aliados políticos ni sociales, insistió en que el decreto garantiza el 'equilibrio entre gallego y castellano, introduce la enseñanza progresiva de una lengua extranjera y garantiza la libertad de profesores y alumnos, así como la participación máxima posible de las familias en la educación de sus hijos'. 'Queremos democratizar la Administración educativa y que la participación de los padres tenga respaldo legal', defendió al mismo tiempo que se escudaba en que 'hay jurisprudencia del Supremo y del Superior de Justicia de Catalunya que avala la consulta a los progenitores en Educación Infantil'.

Feijóo rechazó además taxativamente que el PP sea 'enemigo del gallego', tal y como sostiene la oposición y los colectivos contrarios al decreto. 'Fue imposible consensuar el decreto con PSdeG y BNG porque no hicieron ninguna alegación', aseguró.

El PSdeG censuró que 'no exista precedentes de un ataque sistemático (al gallego) de tal dimensión'. Su secretario general, Manuel Vázquez, exigió su retirada y acusó a Feijóo de 'estar escribiendo uno de los ataques más lamentables desde la época de los Reyes Católicos'. El BNG lo calificó como 'el primer retroceso legal para el gallego de la democracia'.

El presidente de la Mesa pola Normalización, Carlos Callón, acusó a los conservadores de 'conculcar la Constitución y el Estatuto'. 'El Consello Consultivo no sólo rechazó la consulta a los padres, sino que echó por tierra el decretazo, que impide que al término de las diferentes etapas educativas los estudiantes posean destrezas comunicativas también en gallego'.