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El aeródromo militar de Santiago acumula más de 20 denuncias por irregularidades en obras y personal

En Marea pregunta al Gobierno por la situación de un complejo en el que el 20% de la plantilla ha cogido bajas psicológicas en los últimos cinco años.

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El aeródromo de Santiago de Compostela es una pequeña instalación aérea militar con una plantilla de 40 personas. - Wikipedia

Algo ocurre en el aeródromo militar de Santiago de Compostela, una pequeña instalación del Ejército del Aire que acaba de cumplir 25 años, que acumula en los dos últimos más de veinte denuncias penales y partes administrativos por presuntas irregularidades en la gestión de obras y en materia de personal y en la que, con una plantilla de 44 personas, se han registrado diez bajas psicológicas en apenas cinco años.

La senadora pontevedresa de IU en En Marea, Vanesa Angustia, ha llevado el tema al Senado, donde ha presentado una batería de preguntas al Gobierno para saber si “tiene conocimiento de la situación” y si “ha abierto o piensa abrir algún tipo de investigación” sobre esos hechos.

La senadora explica en la introducción de la batería de preguntas que el aeródromo suma 16 partes por faltas graves y cinco denuncias “como consecuencia de la dejadez de funciones de algunos de los mandos en perjuicio del personal de servicio e instalaciones”.

La existencia de quince de esas denuncias y partes fue admitida hace unos meses por el segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire a través del Portal de Transparencia, en un documento en el que, según indica la senadora, “se reconoce implícitamente esas irregularidades” sin que haya constancia de que se haya puesto en marcha ninguna investigación desde el Ministerio de Defensa. Las cinco denuncias han sido acumuladas en una única causa por el Juzgado Militar Togado número 41 de A Coruña.

Denuncias archivadas por falta de legitimidad

Algunas de esas denuncias y partes, que hoy serían ya 30 y 5 según algunas fuentes, tienen que ver con “el presunto monopolio a una empresa de reformas por el Jefe de la unidad”. El coronel que dirigía las instalaciones, M. P. A., fue relevado en marzo.

Se trataría, según la documentación a la que ha tenido acceso Público, de adjudicaciones directas a una firma de la zona de pequeños trabajos que no salían a concurso, en ocasiones sin pedir ofertas a ninguna otra. “Llevaba tres años siendo la concesionaria única de las obras de la unidad” como consecuencia de esas supuestas prácticas, señala la documentación que obra en el tribunal.

El juzgado militar de A Coruña desestimó varias denuncias sobre ese asunto al considerar, como previamente habían hecho los mandos del aeródromo, que el denunciante carecía de legitimidad para formularlas y que, en cualquier caso, la propia Administración sostiene que esas actuaciones no le causaron ningún perjuicio económico ya que se trataba de contratos menores, cuya adjudicación no requieren formalmente un concurso.

Ceses, cambios de destino y salidas del ejército

El grueso de los conflictos se produce en el apartado de personal, aunque, según fuentes conocedoras del caso, la mayoría de ellos no dieron lugar a ninguna investigación pese a hacer casi dos años que comenzaron a acumularse.

En uno de los escasos expedientes abiertos, en este caso contra un oficial, constan una serie de declaraciones en las que los 14 militares destinados a tareas de vigilancia policial admiten que carecen de instrucción específica para ese cometido y también del equipo necesario para desarrollarlo, como linternas, grilletes y porras.

La decena de bajas ha acabado para los afectados “en cese en la unidad, o cambios de destino o finalmente, a propuesta del propio coronel [que dirige el aeródromo], cese en las fuerzas armadas”, señala la senadora, que se interesa por saber “qué medidas piensa el Gobierno adoptar para acabar con las continuas bajas y partes por falta grave que de manera continua y progresiva sufre el personal de la unidad”.

Varias de esas incapacidades laborales y ceses han afectado a algunos de los militares que formularon los partes y las denuncias, entre ellos dos cabos sobre los que pesa una propuesta de expulsión del ejército y un comandante, sancionado por tolerar “un ambiente hostil” contra una teniente después de que fuera desestimada una acusación de maltrato de género.

“Está muy por encima de la media, y eso no es normal”

“Está claro que en esta base existe un problema, ya sea por dejadez o por abuso de autoridad. Hay una acumulación enorme de partes y denuncias y el número de bajas es sustancialmente superior a lo habitual”, señala la senadora, que insiste en que “está muy por encima de la media, y eso no es normal”.

Angustia sostiene que “hay un problema generalizado de transparencia y de auditoría en el ejército”, en el que también “falta adecuar los derechos laborales a los puestos de trabajo” en muchos casos.

“Eso es gravísimo –añade-, a veces parece que se nos olvida que los militares son trabajadores”.