Barcelona tendrá el primer fiscal en toda España especializado en casos de acoso inmobiliario. El mobbing es ya un viejo conocido de los vecinos barceloneses, especialmente en el centro, plagado de viejos pisos con inquilinos de rentas bajas. Se trata de un fenómeno por el que, entre 2004 y 2007, se presentaron más de 509 denuncias en las oficinas municipales de vivienda, de las que sólo siete llegaron a los tribunales. Tras la creación de una oficina antimobbing, que recibió un aluvión de críticas por su incapacidad de plantar cara a este fenómeno, ahora, Ayuntamiento y Fiscalía aúnan esfuerzos para actuar con más contundencia.

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y la Fiscal Superior de Catalunya, Teresa Compte, firmaron ayer un acuerdo para trabajar de manera coordinada si se comprueba que existen indicios de acoso en los casos que se denuncian en las oficinas de atención al ciudadano.

Las funciones de este fiscal especializado -en una experiencia piloto que Compte quiere que se extienda a otras zonas de Catalunya- serán las de coordinarse con el consistorio para analizar estas denuncias, instruir las diligencias de investigaciones si fuera necesario y presentar ante los tribunales los casos de posible acoso, si estos han de seguir la vía penal.

No obstante, y antes de llegar a ese extremo, el Ayuntamiento intentará utilizar la opción de la mediación con los residentes, con la que asegura haber solucionado 23 casos. La mediación tendrá el apoyo 'disuasor' de saber que la Fiscalía estará por la labor frente a la acción de los acosadores, aunque la vía penal sea el último paso.

El consistorio tutelará a los afectados a través de la red de oficinas de vivienda, una por distrito, donde se recogerá la documentación que acredite esta posible conducta delictiva. El mobbing inmobiliario ha proliferado en los últimos años, sobre todo en Ciutat Vella, donde se produjeron el 33% de estos 509 posibles casos de acoso, la mayor parte de los cuales están ahora siendo documentados. En lo que va de 2008, se han denunciado en Barcelona otras 23 situaciones más de este tipo, la mitad en el centro.

Pero la mayoría de casos de acoso no son denunciados. Personas mayores, sin recursos o con pocas redes familiares se convierten en víctimas indefensas ante unos procesos legales muy complejos. Aunque el acoso inmobiliario no está tipificado específicamente como tal en el Código Penal, esta práctica abusiva se suele encuadrar como delito contra la integridad moral o de coacción, con penas que van de 6 meses a 3 años, a los que se podría añadir un delito de desobediencia.

Fernando Rodríguez Rey, el fiscal asignado a esta tarea, recordó ayer que ya existía una colaboración con el Ayuntamiento y que, en estos momentos, hay varias diligencias de investigación y procedimientos judiciales abiertos en los juzgados de instrucción de la capital catalana, aunque no determinó cuántos.

El alcalde, Jordi Hereu, aseguró que con este acuerdo se crea un 'circuito de coordinación y eficacia' para luchar contra un fenómeno que ataca 'a los más débiles', por lo que ha destacado el papel de 'antenas' que tienen las oficinas de atención al ciudadano para destapar los casos de acoso inmobiliario.

Más de 500 casos
Entre 2004 y 2007 las oficinas municipales de vivienda de Barcelona recibieron 509 denuncias de casos de acoso inmobiliario. En 2008 ya se han denunciado 23 nuevos casos.

Pocos llegan a la justicia
De esos 509 presuntos casos sólo 7 llegaron ante los tribunales. En otros 23 casos el conflicto se resolvió a través de la mediación. El resto se está documentando.

Ciutat vella
De todas las zonas de Barcelona el distrito de Ciutat Vella, en el centro histórico, es el que concentra más denuncias, un 33% del total.

Penas de hasta 3 años
Los casos de ‘mobbing' se tramitan como delitos contra la integridad moral o de coacción, con penas de entre 6 meses y 3 años en el primer caso, y de entre 6 meses y 2 años en el segundo.

Manel González, víctima de mobbing, desconfía del fiscal

'Conozco a este fiscal y no confío en él en absoluto'. Así de tajante se mostraba ayer Manel Gonzalez, víctima de uno de los casos de mobbing más conocidos de Barcelona. Según Manel, el pasado noviembre, tras más de cuatro años de lucha en el juzgado, parecía que desde la Fiscalía Superior había una predisposición a hacer frente al acoso inmobiliario. Presentó un informe que fue a parar a manos del fiscal Rodríguez Rey. 'Desde entonces no ha hecho nada'. 'Puede que pillen a algún pequeño propietario, pero a las grandes inmobiliarias con padrinos no les van a hacer nada', asegura.

El caso de Manel está ahora pendiente de un recurso en el Supremo. Hace medio año tuvo que hacer frente a una orden de desahucio que se suspendió a última hora. Su bloque se encuentra en medio de una operación urbanística para esponjar el casco antiguo. Uno a uno los inquilinos se han ido. Manel es el único vecino con suficientes recursos económicos para plantar cara.