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El fiscal pide 15 años para el homicida de Álvaro Ussía

Cree que el portero del Balcón de Rosales mató al joven de modo "intencionado"

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La Fiscalía de Madrid hizo pública ayer su petición de 15 años de cárcel para Antonio Sánchez Serrano, alias Pitoño, el portero de la discoteca madrileña Balcón de Rosales acusado de ser el autor material del homicidio, la madrugada del 15 de noviembre de 2008, del joven Álvaro Ussía. Para los otros dos encausados, David Sancio Gutiérrez y David Alonso de Aubarede, también porteros del local de ocio ya clausurado, el Ministerio Público solicitará en la vista penas de 13 años de prisión para cada uno como cooperadores necesarios en la muerte, informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En su escrito de calificación, el fiscal considera probado que Pitoño, ayudado por los otros dos acusados, tiró a Álvaro Ussia al suelo gracias a una zancadilla. Con el joven en el suelo boca arriba, el principal acusado, "de forma intencionada y siendo consciente de que con ello podía provocarle la muerte", se arrojó con fuerza con sus rodillas sobre la víctima y se mantuvo un tiempo en esa posición. El brutal impacto sobre el cuerpo de Ussía, continúa en su escrito de la acusación pública, provocó en el joven la "rotura traumática del corazón".

El presunto homicida, que es el único de los tres acusados que permanece en prisión preventiva, había declarado durante la instrucción judicial que se cayó encima del joven de 18 años por "accidente", después de que éste le agarrase cuando intentaba mediar en una disputa a las puertas de la discoteca. "Se trató de una caída fortuita. Un accidente. Hay que tener en cuenta que Antonio pesa más de 100 kilos", aseguró entonces su abogado defensor a las puertas del juzgado.

Una línea de defensa que fue puesta en entredicho en sus declaraciones policiales por otro de los acusados, David Sancio. Éste aseguró que Antonio Sánchez hizo al joven "un barrido y se tiró a plomo con su rodilla sobre su pecho". En el juzgado, Sancio se retractó de estas palabras y afirmó que su compañero había caído sobre la víctima por "inercia", "sin querer".

El crimen obligó al Gobierno de Esperanza Aguirre a elaborar con carácter de urgencia una normativa específica para los porteros de discoteca, una actividad que hasta ese momento se movía en la Comunidad de Madrid en un limbo jurídico y laboral. La normativa incluyó la exigencia de que estos tuvieran formación específica y que pasaran un test psicotécnico para garantizar que no son violentos, además de un examen sobre la legislación aplicable en el control de accesos. En la primera convocatoria sólo aprobó el 63% de los 2.500 que se presentaron.