La Fiscalía del Tribunal Supremo informó ayer en contra de que se abra juicio oral contra el juez Baltasar Garzón. Y lo hizo por dos razones. La primera, porque no considera que cometiera delito por haber abierto la primera causa penal por los crímenes franquistas y, la segunda, porque, en su opinión, las acusaciones populares 'carecen de legitimación procesal' para sentar en el banquillo al juez de la Audiencia Nacional.

En un escrito de siete páginas, que dedica casi en exclusiva a defender la doctrina Botín, el fiscal expone los argumentos que el propio Luciano Varela, instructor del proceso contra Garzón por los crímenes franquistas, esgrimió en el voto con el que discrepó de la sentencia del caso Atutxa, que matizó lo acordado por la Sala Segunda del Supremo cuando libró del banquillo al presidente de Banco Santander.

Falange y Manos Limpias reescriben sus escritos de acusación

El ministerio público explica que la legitimidad de las acusaciones populares para abrir juicio oral, cuando no acusa el fiscal, es 'doctrinal y jurisprudencialmente discutida'. Se basa en las dos últimas resoluciones dictadas por el Supremo al respecto: la del caso Botín y la del caso Atutxa. En esta última, se entendió legitimado al autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias para que el ex presidente de la Cámara vasca Juan María Atutxa fuera juzgado por un delito de desobediencia al alto tribunal por no disolver el grupo parlamentario de la ilegalizada Batasuna.

La fiscalía insiste, como decía el Supremo en la doctrina Botín y Varela en su voto particular a la de Atutxa, que el legislador quiso excluir a la acusación popular 'de la capacidad de provocar, por sí misma y en solitario, la apertura de juicio oral en un procedimiento de las características del abreviado', que es precisamente con el que se intenta juzgar al juez Garzón por haber querido investigar los crímenes franquistas. Sólo le acusan Manos Limpias, Libertad e Identidad (asociación también de corte ultraconservador) y Falange Española de las JONS.

Varela ha seguido adelante con el procedimiento y se espera que abra juicio oral la próxima semana, después de que ayer tanto Manos Limpias como Falange intentaran depurar de sus escritos de acusación todos los puntos sobre los que el martes el instructor les puso objeciones.

El fiscal apela alprincipio de igualdadpara evitar el juicio al magistrado

Por eso, entre los argumentos de la fiscalía se incluyen los que utilizó el propio Varela para su discrepancia con la sentencia del caso Atutxa, resolución que se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional al entender que se vulneró el principio de igualdad.

El magistrado recordaba entonces que 'tal derecho constitucional protege fundamentalmente frente a las divergencias arbitrarias de trato en resoluciones judiciales, evitando el capricho, el favoritismo o la arbitrariedad del órgano judicial, impidiendo que no se trate a los justiciables por igual y se discrimine por ellos'.

El Supremo entendió que si el perjudicado directo del delito imputado a Botín no lo acusaba, no lo podían sentar en el banquillo las acusaciones populares. En el caso Atutxa, al no existir un perjudicado directo, la acción popular sí estaba legitimada para acusar.