No es la primera vez que lo dice, pero se nota que ahora lo hace con el convencimiento de que el tiempo le ha dado la razón. La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a pedir la expulsión del PP del caso Gürtel por 'claro fraude de ley por cuanto desempeña una labor de defensa amparándose en su condición de acusación popular'.

La fiscalía sostiene que, en vez de acusar para tratar de esclarecer lo ocurrido con la trama de corrupción, el PP ejerce la defensa, y de sus escritos, 'plagados de descalificaciones contra todos los funcionarios intervinientes en la causa', se infiere que lo que busca 'es realmente el archivo de los hechos'.

La fiscalía advierte de que el PP es ahora investigado por delito electoral

Como ejemplo cita el recurso que el partido conservador interpuso contra el auto de inhibición a favor de Valencia dictado por el instructor en Madrid, el magistrado Antonio Pedreira. Una resolución que 'ninguna de las defensas ha impugnado', destaca la fiscalía.

Anticorrupción se adhiere en su escrito a la petición formulada por los socialistas valencianos a finales de julio y notificada el pasado día 1 a las partes. El ministerio público recuerda, como hacía el PSPV en su escrito, que la investigación judicial se extiende ahora a la posible comisión de delitos electorales en el seno del Partido Popular valenciano. Es decir, se investigan unos hechos 'que previsiblemente podrían afectar directa o indirectamente' al PP.

Y así, ambas acusaciones y la que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas (ADADE) neutralizan la única alegación presentada por el PP para oponerse a su expulsión del procedimiento: que la Sala de lo Civil y Penal ya rechazó una petición similar que Anticorrupción formuló el pasado 6 de octubre.

Bárcenas se personó ayer en el TSJM y volverá a ser interrogado

En esa ocasión, el tribunal se basó en que determinar cómo iba a ejercer la acusación el PP 'se trataba de una mera hipótesis'. Sin embargo, su actuación, lejos de disipar los temores que planteaban las demás acusaciones, los ha confirmado. ADADE apunta que 'la forma de ejercicio de dicha legítima condición de origen la ha convertido claramente en ilegítima'.

'La actividad procesal y extraprocesal del Partido Popular a partir de esa fecha es absolutamente reveladora del verdadero papel que asume en esta causa y que no es otro que el de una defensa más', señala Anticorrupción. Otra prueba de ello es que también recurrió la providencia con la que el juez Pedreira requería a la Abogacía de la Generalitat valenciana la identificación de las personas que ocuparon cargos en la Administración de su competencia.

Esta prueba era imprescindible tras el informe de la Intervención General de la Administración del Estado que ponía de manifiesto 'la continua y reiterada infracción de todos los principios básicos de la contratación pública en los contratos examinados'.

ADADE, que dice haber realizado una 'exhaustiva investigación', asegura no haber encontrado 'ningún caso en el que un supuesto acusador popular desnaturalizase su condición y se convirtiera objetivamente en una defensa más, ya sea de los imputados, ya fuere de la organización política (el PP) a la que muchos de ellos pertenecen'.

Esta acusación también afirma que 'el sentido común jurídico y la propia filosofía y ratio de la figura de la acusación popular abona su tesis: la absoluta incompatibilidad ante la actitud adoptada por la dirección técnica del PP en este proceso, con su ubicación como acusador popular en el mismo'.

Por otra parte, el ex tesorero y senador del PP hasta el pasado 19 de abril, Luis Bárcenas, se personó ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El juez Pedreira tendrá que volver a interrogarlo como imputado, junto con el ex diputado de esta formación Jesús Merino. Ambos comparecieron ya en el Tribunal Supremo como imputados por la condición de aforados que entonces mantenían.