La Fiscalía se implica en la defensa de la ley del aborto

"No cuestionamos la ley del aborto ni discutimos el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo". Así de contundente se mostró ayer un portavoz de la Fiscalía sobre el caso de la detención el lunes de seis personas por supuesta práctica reiterada de abortos ilegales.

La investigación sólo persigue hechos "radical, rotunda e indiscutiblemente fuera de la ley". El portavoz salió así al paso de voces antiabortistas que se alzaron tras los arrestos de ayer y los registros de cuatro clínicas ginecológicas en la zona altra de Barcelona.

Los detenidos pasarán a disposición judicial entre hoy y mañana y, según la Fiscalía, no se puede excluir que se pueda imputar, en una segunda fase de la investigación, a las mujeres que han interrumpido su embarazo ilegalmente. Éstas se pueden enfrentar a penas de hasta seis meses de cárcel. El objetivo de la investigación, sin embargo, son los médicos, "que reiteradamente se dedican a interrumpir embarazos a cambio de dinero".

Si bien la Fiscalía insistió en que no pretende "entrar en ningún debate ideológico", diversos movimientos sociales se han pronunciado en este sentido. Varias asociaciones criticaron ayer el hecho de que los médicos de la sanidad pública puedan acogerse a la objeción de conciencia para no realizar abortos. El grupo de opinión del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona (OBD) considera que esta actitud desatiende en Catalunya derechos de las ciudadanas a recibir prestaciones sanitarias que son totalmente legales.

Reclamaciones

El resultado es que muchas mujeres se ven obligadas a recurrir a clínicas privadas, con el consiguiente gasto. En los centros registrados el lunes (Ginemedex, TCB, Fundación Morín y EMECE), supuestamente se llegaron a pagar seis mil euros por interrupciones de embarazos. El martes mantenían su actividad, al no existir ninguna orden judicial que lo impida.

Comisiones Obreras criticó las detenciones y pidió la eliminación de la objeción de conciencia mientras que la Federación de Planificación Familiar Estatal exigió el aborto libre y gratuito. Iniciativa per Catalunya reclamó una nueva ley que despenalice el aborto. La actual fue aprobada hace 17 años.