La Fiscalía pedirá indemnizaciones para los que recogieron el chapapote del Prestige

La Fiscalía pedirá una compensación ambiental pura, que incluye daños ecológicos y para la salud, por un importe mínimo de 1.000 millones de euros por la catástrofe del petrolero "Prestige", que se hundió frente a las costas gallegas en noviembre de 2002 causando una de las mayores catástrofes medioambientales del siglo pasado.

"Es una tesis novedosa, porque incluye no sólo los daños materiales causados, sino también los perjuicios ecológicos relacionados con la fauna y con la salud de las personas que estuvieron recogiendo este producto", ha subrayado el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, en declaraciones a los periodistas.

El juicio por la catástrofe del "Prestige" arrancará el próximo 16 de octubre y será entonces cuando, de acuerdo con el perito designado por la Fiscalía, se determine la valoración contingente del daño causado por el petrolero partiendo de una cifra mínima de mil millones de euros que podría llegar "incluso al doble", ha precisado Varela.

Será la primera vez en España que se lleve a juicio una petición como ésta, ha subrayado el fiscal superior de Galicia.

La causa del "Prestige", que se prolongará hasta el 29 de mayo de 2013, juzgará el capitán del buque, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el primer oficial, Ireneo Maloto, por supuestos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños y desobediencia-resistencia, así como el entonces director general de la Marina Mercante José Luis López-Sors González, por supuesto delito contra el medio ambiente y daños.

Asimismo, están imputados como responsables civiles directos la aseguradora The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la contaminación por hidrocarburos, y como responsables civiles subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd y el Estado español.

La reclamación total por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a 1.264 millones de euros.