El fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, aseguró ayer que ha dado orden a la Policía Judicial para que ponga freno 'desde ya' a las clínicas de reconocimiento psicotécnico que están facultando a conductores sin someterles a todas las pruebas o sin exigirles todos los requisitos necesarios para salir a la carretera. Vargas no quiso dar una cifra aproximada de centros que realizan estas actividades ilegales, pero aseguró que es un 'porcentaje relevante que va in crescendo'. 'No son ni dos ni tres', ironizó.

Al fiscal le acompañaba en la presentación de su iniciativa el presidente de la Asociación Española de Centros Médico-Psicotécnicos (Asecemp), José Ignacio Landaluce, quien calculó que de los 2.000 centros que existen en España, apenas un 5% expide ilegalmente certificados para el carné de conducir. Landaluce, diputado del PP, mostró su apoyo a la investigación 'en profundidad' que impulsa la Fiscalía.

'Ese papel es sólo un papel', zanjó el fiscal, quien criticó la picaresca de los ciudadanos que 'escogen a la carta' estos centros médicos y entran a formar parte de este 'circuito clandestino'. Los gabinetes que operan en la clandestinidad, que incurren en el delito de falsedad documental, cobran 'entre 25 y 29 euros' a sus clientes por ese documento, según tasó la fiscalía.

En muchos casos, los centros ni siquiera cuentan con facultativos o material necesario para realizar las pruebas médicas. El fiscal aseguró que tienen localizados algunos de estos locales, por lo que se podría actuar 'de inmediato'.

Vargas también ha dado instrucciones a la Dirección General de Tráfico para que investigue el fenómeno y así conocer la 'cifra negra': el número exacto de los accidentes que se dan por una incapacidad del conductor.

Además, el fiscal llamó la atención sobre la relación del secreto médico y la conducción. Vargas quiso recordar que el código deontológico de los galenos les faculta para revelar la condición médica de su paciente en aquellos casos en los que pueda poner en peligro a terceros. 'Las aptitudes para conducir hay que mantenerlas siempre. Hablamos de enfermedades sobrevenidas, incompatibles con la conducción, o drogodependencias de las que el médico pudiera tener noticia', señaló el fiscal.

La Fiscalía de Seguridad Vial anunció que constituyó un grupo de trabajo el pasado julio junto a la Dirección General de Seguros y la patronal de las empresas de seguros para estudiar un cambio al alza de los baremos para indemnizar a las víctimas de los accidentes de tráfico.

'El baremo está desfasado y es absolutamente insuficiente', aseguró el fiscal, quien reclamó la flexibilización de este baremo para incluir situaciones que ahora no están previstas y que dejan a las víctimas en situación de indefensión. Este cambio de baremo requiere una reforma legal que deberá impulsar el Ministerio de Justicia cuando el grupo de trabajo alcance un acuerdo.