Algunas de las cuentas pendientes de Carlos Fabra con la Justicia pueden tener los días contados.  Según explica el fiscal anticorrupción, Luis Pastor, la instrucción de la causa contra el presidente de la Diputación de Castellón por delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal podría concluir 'antes de verano', tras lo cual, la apertura del juicio oral se produciría 'lo antes posible'.

Pastor ha hecho estas declaraciones a los periodistas al concluir la declaración como imputada de María Amparo Fernández -ex esposa de Fabra- ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, la cual ha respondido únicamente a las preguntas de su letrado durante la comparecencia.

María Amparo Fernández únicamente respondió a tres preguntas, todas ellas efectuadas por su propio abogado. A la salida del juzgado, Fernández declinó hacer declaraciones a los medios de comunicación. 'No tengo nada que decir', comentó a los periodistas y sólo respondió a la pregunta sobre el estado de Carlos Fabra, de baja laboral tras haber sido sometido a un tratamiento médico en Madrid. 'Muy bien, muchas gracias', indicó al respecto. Por este motivo, el juez aplazó la declaración de Fabra, que inicialmente estaba previsto que también compareciera hoy en el juzgado.

Tras la declaración de la mujer de Fabra, el procedimiento está listo para cerrarse.Por su parte, el presidente de la Diputación de Castellón no será citado de nuevo a declarar. Pastor ha explicado que no será necesario, ya que, desde su punto de vista, 'ya no quedan más diligencias por practicar'.

El pasado mes de marzo Carlos Fabra, por cuestiones de salud, delegó sus funciones sine die, a través de un decreto firmado el día 12, en el vicepresidente primero de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez. Posteriormente, ha sido sometido a un tratamiento en un hospital madrileño.

Hacienda inició una denuncia contra Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999. En relación con este delito, un informe de los ingresos del dirigente 'popular', realizado en la investigación judicial, apunta a que ingresó, a través de cuentas corrientes personales o familiares, 5,3 millones de euros sin justificar en seis años, una cifra que representa 70 veces su salario.

En este procedimiento se investigan los ingresos y las cuentas bancarias del presidente castellonense desde 1999 a 2004, aunque hasta la fecha no se ha formalizado ningún escrito de acusación de Fiscalía.