La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, que ordene a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) finalizar un informe que tiene pendiente desde mayo de 2009 sobre los contratos concedidos a las empresas de Francisco Correa en la época en que María José García-Pelayo (PP) era alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Las fiscales apoyan así la solicitud del Partido Socialista de Madrid (PSM), personado como acusación popular en el caso Gürtel, que también solicitaba la declaración como imputada de la exalcaldesa y actual diputada del Parlamento andaluz. El Ministerio Público opta, en cambio, por esperar a que la Unidad de Auxilio Judicial de la IGAE entregue su informe para decidir sobre la declaración de García-Pelayo.

Según la acusación popular, la regidora del PP retrasó 'a sabiendas' en 2004 unos expedientes para justificar acogerse al procedimiento de urgencia de las concesiones y evitar el concurso público del stand de la ciudad en Fitur y otros eventos en Madrid por un valor superior a los 200.000 euros.

El PSM también acusa a García-Pelayo de haber suscrito todos los documentos de concesión a pesar de haber sido advertida por la interventora de que el órgano de contratación debía de ser el Consejomunicipal.

La imputación de la exalcaldesa conservadora supondría la inhibición del juez Pedreira al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la pieza separada que afecta al Ayuntamiento de Jérez en el caso Gürtel, dada la condición de parlamentaria autonómica de García-Pelayo.