El titular de Fomento, José Blanco, enmarcó ayer la crisis desencadenada por los controladores aéreos durante el pasado puente de la Constitución en el intento de este colectivo de imponer mediante el 'chantaje' una actitud inmovilista que garantice su posición de 'abuso y privilegio'frente al 'impulso reformista' del Ejecutivo en relación con el sector aéreo.

Blanco aprovechó su comparecencia ante la Comisión de Fomento del Congreso para anunciar que su departamento sacará a concurso a lo largo del próximo año la gestión del control aéreo de 13 aeropuertos y, a partir de 2012, liberalizará parcialmente el resto. El objetivo de este nuevo paquete de privatizaciones es, según argumentó el ministro de Fomento, 'romper el monopolio que mantenía Aena' para 'facilitar una mejora de la eficiencia' del modelo aeroportuario.

'Se trata, sin duda, de un paso importante hacia la mejora de los servicios de navegación aérea, liberalizando e introduciendo, por primera vez, competitividad en el sector', defendió Blanco. El ministro de Fomento detalló que cinco grandes empresas Saerco, ACS, Clece, Ferroser (de Ferrovial), Gesnaer e Indra han solicitado ya poder prestar estos servicios y se encuentran en fase de evaluación, paso previo para obtener la certificación que las acredite para prestar servicios de control de torre, habilitación de la que ya dispone la empresa pública Ineco, según señaló.

Esta primera etapa de liberalización afectará a los aeropuertos de Alicante, Valencia, Ibiza, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, Sevilla, Jerez, Sabadell, Cuatro Vientos en Madrid Vigo, A Coruña y Melilla.

Ante las críticas de la izquierda parlamentaria, capitaneadas por el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, Blanco aseguró que 'nada se va a privatizar', sino que Fomento pretende introducir 'más competencia y calidad de servicio' en un régimen de gestión aérea que calificó de 'claramente insuficiente'.

Blanco insistió en la voluntad del Gobierno de reformar a fondo la navegación aérea para lo que pidió el concurso de los grupos para adecuar la normativa española al nuevo marco de cielo único europeo.

Dentro de este capítulo de reformas, el responsable de Fomento anunció también que el papel de guiado de aeronaves en pista (llamado servicio de plataforma) que hasta ahora prestaban los controladores pasará a desempeñarlo personal de Aena en los aeropuertos de Madrid y Barcelona.

Con la privatización de la gestión de las torres, el cambio del servicio de plataforma y otras medidas, el Estado podrá ahorrar 190 controladores, casi el 10% de los que están en activo. Supone dejar de pagar 38 millones en sueldos, casi el 20% del déficit estatal en costes de navegación aérea. Los controladores pueden aceptar quedarse en las torres de gestión privada cobrando menos, ser recolocados por Aena en los siete centros de control (que vigilan el sobrevuelo de aviones en el espacio aéreo, esenciales para el funcionamiento del tráfico) o irse con una indemnización, según Aena.

Fomento presiona así a los controladores con vías para sustituirlos. Otra medida en marcha es suplirlos por técnicos AFIS (de servicios de información de vuelo) en seis aeropuertos pequeños: La Gomera y El Hierro (donde ya operan), Burgos, Logroño, Córdoba y Huesca. Son más baratos, pero menos cualificados.