Fernando Lamata (Madrid, 1954) es desde 2008 el responsable de Salud y Bienestar Social en Castilla-La Mancha. Entre 2000 y 2004, ya había sido consejero de Sanidad, y también ha ocupado el cargo de secretario general del Ministerio de Sanidad. Castilla-La Mancha fue pionera en unir la sanidad y la política social, optimizando sus recursos, una estrategia que el Gobierno y las autonomías quieren extender a todo el Estado. La comunidad también ha sido pionera en aplicar la Ley del Aborto al pie de la letra, al crear un registro para los profesionales sanitarios objetores. Lamata aplaude la reciente Ley Antitabaco y destaca el 'comportamiento responsable y ejemplar de los ciudadanos'.

«El copago es injusto y es falso que modere el consumo»

¿El Sistema Nacional de Salud debería financiar los fármacos de deshabituación tabáquica?

Toda medida que suponga un gasto adicional para las comunidades debería ser financiada desde los Presupuestos Generales del Estado. En Castilla-La Mancha, tenemos unidades de prevención y tratamiento del tabaquismo. Pero lo fundamental para dejar de fumar es la decisión personal, por los problemas de salud.

La crisis ha reavivado el debate sobre el copago sanitario. ¿Lo implantaría?

«El problema de la dependencia viene de la financiación autonómica»

La sanidad se debe seguir financiando por impuestos, es la forma más razonable y más justa. Uno no se pone enfermo porque quiere. El copago es injusto y es falso que modere el consumo. La gente no va a que le operen por capricho. Puede haber quien abuse, pero son los menos. No sirve ni para moderar la demanda ni para mejorar la financiación.

¿Y qué opina de la gestión privada de los hospitales públicos?

Nosotros hemos apostado por mantener la gestión sanitaria con personal propio. Mi experiencia es que este modelo funciona. Es verdad que la gestión directa tiene algunos problemas, algunas rigideces, disfunciones e ineficiencias. Por ello, hay voces alternativas que defienden la gestión privada con financiación pública, sobre todo en Madrid y Valencia. Es pronto para evaluar este modelo, pero lo que sí sé es que el modelo de gestión directa ha funcionado bien y es comparativamente más eficiente que otros modelos en otros países, donde sí tienen mucho recorrido de gestión con entidades privadas.

Uno de los retos de la Ley de Dependencia es crear infraestructuras ¿Por qué se dan tantas ayudas a cuidadores familiares, una opción que debería ser excepcional, según la ley?

Es un proceso que va a evolucionar de forma natural. Se dijo en la ley que estas ayudas serían excepcionales, pero que también se tendría en cuenta la opinión del ciudadano. Además, con la crisis económica, con la pérdida de puestos de trabajo, muchas personas están en casa, pueden cuidar de su familiar y tener esa ayuda. La paga al cuidador familiar empezó representando más del 70% del total de ayudas y tres años después estamos ya en el 50%. La expectativa a medio plazo es que ese porcentaje habrá bajado y habrán subido los otros tipos de servicios.

Según los empresarios del sector, hay muchas plazas de residencias vacías.

Nosotros tenemos una red muy amplia de plazas con financiación pública. Tenemos la tasa más alta de plazas para personas mayores y una de las más elevadas de centros para personas con discapacidad. En los últimos 10 años hemos multiplicado el número de plazas en más del 300% y no hemos tenido problemas de exceso ni falta de capacidad. Sí, es cierto que hay proyectos de iniciativa privada que por las dificultades financieras no han funcionado como esperaban. Puede ser un problema coyuntural, pero no estructural.

¿Será posible recortar los tiempos de espera?

El horizonte de estar por debajo de los seis meses para dar las ayudas todavía nos va a costar, pero vamos mejorando. Es un problema que responde a la crisis económica. Depende de la capacidad para tramitar y autorizar nuevas ayudas y hay que tener en cuenta que el sistema es muy riguroso y se deben pasar determinados filtros.