Los desempleados residentes en Galicia que llevan más de 12 meses en paro se quedan de forma automática sin tarjeta sanitaria. La voz de alarma la dio el sindicato CIG, que denunció la política de "recorte y privatización" de la sanidad pública de la Xunta (PP) al dejar desatendidos a "desempleados y personas sin recursos". "Se les bloquea la tarjeta sin previo aviso y hasta que no reciben la que les acredita como personas sin recurso, no tienen acceso a la sanidad pública. Mientras tanto deben pagar la consulta y el tratamiento farmacológico que les prescriba el médico", alertó María Seijo, responsable sindical de Sanidad.

Mercedes Amaral, de 28 años y sin trabajo desde hace cinco, conoce de primera mano el vértigo que produce escuchar que carece de asistencia médica gratuita. Hace meses que se encuentra en tratamiento psicológico por depresión y la semana pasada, al acudir a su centro de salud habitual en A Coruña, le advirtieron de que su tarjeta estaba inactiva. "Me dijeron que esa vez me atenderían por urgencias, pero que en lo sucesivo, tendría que pagar cada consulta, a razón de 67 euros y pico", denuncia.

Los desempleados tienen que pagar, en el tiempo de espera, las consultas

La situación de "desamparo" en la que se encuentra Mercedes tiene su origen en la orden de la Xunta de 5 de septiembre, en vigor desde el 29 de ese mismo mes, por la que "se actualiza el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria por parte de las personas sin recursos económicos suficientes y de las que se encuentran en situación de desempleo".

Hasta esa fecha, desempleados y ciudadanos sin recursos, que no cotizaban a la Seguridad Social, se beneficiaban de la prestación sanitaria, pero administrativamente recibían un tratamiento diferente. Con la modificación normativa introducida por los conservadores gallegos, ambos colectivos se convierten ipso facto en un "Código 29", que identifica, a efectos prácticos, a las "personas sin recursos", a no ser que el desempleado pueda justificar su dependencia económica de un titular de la Seguridad Social, de quien pasaría a constar como beneficiario.

El número de afectados asciende a 65.000, según el sindicato CIG

La realidad es que, en la práctica, según las cifras que maneja el sindicato nacionalista denunciante, en Galicia "más de 65.000 personas" podrían verse afectadas, sin que los perjudicados lo sepan porque la Xunta no ha notificado el cambio normativo.

"Todo se ha llevado a cabo con nocturnidad y alevosía; se trata de un comportamiento ruin y miserable por parte del Gobierno de Feijóo, que deja durante meses a miles de personas sin un derecho básico", reprocha Seijo. Concretamente el tiempo que estos parados puedan quedarse sin tarjeta oscila entre "ocho y diez meses", que es lo que tarda la expedición del nuevo documento acreditativo para los sin recursos, según le explicaron a Mercedes en su centro de salud. "¿Por qué nadie me avisó con tiempo para solicitarla antes?", se pregunta angustiada.

La Xunta de Galicia por toda explicación remite un comunicado datado el 17 de noviembre y según el cual, "casi mil personas" han solicitado desde el pasado septiembre "acogerse al código 29, dirigido para trabajadores discontinuos". Según la nota, con los cambios normativos introducidos, "Galicia se convierte en la primera comunidad en adaptar sus trámites a la situación socioeconómica actual", ya que con ello "se les facilita a los desempleados el derecho de forma continuada a la asistencia sanitaria pública sin tener que tramitar el reconocimiento cada vez que comienzan a trabajar".

Los usuarios se enteran del veto cuando piden cita con el médico

Para el Ejecutivo gallego, "la crisis económica y el aumento del número de desempleados ha llevado a muchos trabajadores, con entradas intermitentes en el mercado laboral, a tener que estar tramitando constantemente el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria, bien como trabajador mientras percibe el subsidio o como persona sin recursos o beneficiario ante el Instituto Nacional de Seguridad Social", prosigue.

El objetivo último que pretende el Ejecutivo gallego con su orden es "evitar el uso fraudulento del sistema sanitario". Un razonamiento similar es el que ha dado pie al Ejecutivo conservador para introducir la obligatoriedad de llevar empadronado en Galicia un mínimo de 183 días antes de obtener la tarjeta sanitaria. "Queremos combatir el turismo sanitario", zanjó Alberto Núñez Feijóo ante la advertencia del Ministerio de Sanidad de la inconstitucionalidad de la norma. La misma política destinada a control del gasto ha llevado además a la Xunta gallega a reducir el número de farmacias de guardia en áreas rurales o a cobrar diez euros por emitir la tarjeta sanitaria.