La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, descartó ayer que el Gobierno vaya a dar marcha atrás en la aplicación de la Ley de Igualdad en las cárceles y que, como pretende el PP, sólo mujeres vigilen a las reclusas. Así lo manifestó ayer en la Comisión de Interior del Senado a preguntas de la parlamentaria conservadora Encarnación Naharro, quien achacó los últimos escándalos de sexo y alcohol en las cárceles a la unificación en una sola de las escalas masculina y femenina de los funcionarios de prisiones. El PP presentó el pasado jueves en el Congreso una iniciativa legislativa en este sentido.

Gallizo calificó de 'despropósito' ligar dichos sucesos a la aplicación de la ley, y tiró de estadísticas para demostrar que los incidentes en las prisiones entre funcionarios e internos de distinto sexo siguen siendo 'aislados'. En concreto, la máxima responsable de las cárceles españolas destacó que desde 2007, año de aprobación de la Ley de Igualdad, sólo se habían producido ocho incidentes en los que funcionarias femeninas fueron agredidas por reclusos varones. En ese mismo periodo, se contabilizaron siete en los que agresoras y agredidas eran mujeres.

La comparecencia en el Senado también sirvió para que Gallizo minimizara los últimos escándalos en las prisiones de Madrid-1 Mujeres y de Ibiza. Calificó las juergas entre funcionarios y reclusas de la primera como un 'hecho puntual' y recalcó que a quienes participaron se les abrió un expediente y se cesó a los responsables del centro. 'No me ha temblado el pulso', recalcó.

En el caso de la cárcel de Ibiza, desvelado por Público el viernes, se limitó a constatar la existencia de la denuncia por acoso sexual de la reclusa hacia un funcionario, pero aseguró que en este caso se había decidido no tomar ninguna medida sancionadora sobre el imputado hasta que no finalice la investigación abierta en un juzgado de la isla balear.

En su intervención, Gallizo echó mano de noticias encontradas, según reconoció, gracias a un buscador de Internet para demostrar que 'comportamientos indebidos' como los detectados en ambas prisiones se producen en otras profesiones y que, sin embargo, tienen mucha menor repercusión mediática que aquellos.