Garzón alega que sólo EEUU puede juzgarle por los cobros

La defensa de Baltasar Garzón en el caso de los cobros de Nueva York niega la mayor. Es decir, niega que el juez haya cometido cualquier delito a través del patrocinio de los cursos que impartió en Estados Unidos, pero, además, por primera vez, argumenta que el cohecho impropio que el instructor del caso, Manuel Marchena, le atribuye sólo puede ser juzgado en dicho país.

En un recurso de 87 páginas presentado contra el auto de transformación del procedimiento, Enrique Molina abogado de Garzón en esta causa sostiene que "el delito de cohecho imputado, de ser cierto (que no lo es) se habría cometido por español en el extranjero" y sólo podría ser juzgado por las autoridades de Estados Unidos, donde supuestamente se cometió.

También argumenta que los pagos investigados en cualquier caso estarían prescritos, porque la ley fija esta garantía en tres años para los delitos menos graves. Los últimos que recibió de la Universidad de Nueva York se produjeron en 2006 y el Supremo no admitió a trámite la querella de los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea hasta enero de 2010.

Los querellantes, que también recurrieron el último auto de Marchena, han presentado ya su escrito de acusación contra Garzón. Incluye varias alternativas. La más grave eleva hasta siete años de prisión la pena que solicitan para el juez de la Audiencia por cohecho propio (cinco años) y asociación ilícita (dos años más). La extorsión se plantea de forma subsidiaria, si se entiende que no hubo cohecho.