El juez Baltasar Garzón no piensa dar ninguna batalla por perdida. Ayer presentó un recurso contencioso administrativo con el que intenta que el Tribunal Supremo (TS) impida al pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de este jueves ratificar el acuerdo de la Comisión Permanente de la semana pasada que le suspendió por segunda vez cautelarmente de funciones.

El recurso, preparado por el abogado José María Ayala, utiliza un argumento sencillo. La suspensión cautelar de funciones está pensada para evitar el daño que para la Administración de Justicia supondría que un juez que va a ser juzgado siga impartiendo justicia. Pero Garzón ya no está en su juzgado, sino que es asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

El juez pide al TS que impida al CGPJ ratificar el acuerdo de la Permanente

Entonces, al no existir el riesgo que se pretende prevenir, la segunda suspensión es 'clara, manifiesta y ostensiblemente nula de pleno derecho por tener un contenido imposible jurídicamente', afirma el recurso.

Con el fin de evitar un 'perjuicio para el prestigio profesional y la imagen pública' del juez, el recurso solicita como medida cautelarísima aquella que por razones de urgencia es adoptada sin oír al Consejo la exclusión [del acuerdo de suspensión] del orden del día del próximo pleno del CGPJ y 'de cualquier otra sesión plenaria que se convoque'.

Garzón, además de residir en La Haya, se encuentra suspendido cautelarmente desde que el Supremo le abrió juicio oral por haber intentado investigar penalmente los crímenes del franquismo.

Apela a la doctrina del Alto Tribunal que niega que sea una medida automática

Esa suspensión, decretada el 14 de mayo del año pasado, también se encuentra recurrida ante el Supremo, aunque por otras razones, como defectos formales y, sobre todo, porque se produjo cuando Garzón solicitó permiso para poder marcharse a la Corte Penal Internacional. Ello suponía que él mismo se apartaba de la función jurisdiccional, lo que, en su opinión, hacía ya innecesaria la medida cautelar.

Con el recurso presentado ahora, Garzón da un paso más. Trata de que el Alto Tribunal revise la forma automática con la que el Consejo decreta las suspensiones cautelares de magistrados, al dictarse en su contra auto de procesamiento cuando el procedimiento se tramita como sumario o se les abre juicio oral en los procedimientos abreviados, que es como se están siguiendo las tres causas abiertas contra Garzón.

Hasta ahora el CGPJ ha aplicado el mismo criterio a todos los jueces inmersos en más de un procedimiento: les ha suspendido en cada causa en la que la investigación ha llegado a ese punto. Es una prevención: si el primer procedimiento por el que son suspendidos es archivado o termina en absolución, seguirían estando suspendidos por el segundo.

Como medida cautelar el recurso solicita que se suspenda el acuerdo de la Permanente, porque si finalmente el Supremo da la razón al magistrado, su recurso no habría tenido efecto, al ya estar suspendido por segunda vez con el consiguiente perjuicio que ello le habría causado.

Entre los argumentos utilizados en la impugnación figura la 'nueva doctrina del Tribunal Supremo' que entiende 'ha ignorado e inaplicado' el CGPJ para decretar la segunda suspensión cautelar de Garzón. Esa doctrina se basa en una sentencia de 14 de octubre de 2009.

Al examinar la suspensión de un juez tras la admisión de una querella en su contra, el Alto Tribunal declaró, según el recurso, que el CGPJ debe adoptar esa medida 'no con carácter reglado e inexorable', sino 'cuando sea necesario' por evitar el daño que su permanencia en el juzgado supondría para la Administración de Justicia.