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"A Garzón no se le cuestiona por investigar crímenes del franquismo, sino por presunta prevaricación"

Francisco Caamaño. Ministro de Justicia. Sostiene que el derecho a la libertad de expresión ha de ser compatible con el respeto a las decisiones del Supremo sobre el magistrado de la Audiencia Nacional

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Un año después de tomar las riendas del Ministerio de Justicia, Francisco Caamaño (Cee, A Coruña, 1963) ha acallado el ruido interno. El externo, sin embargo, es un estruendo por el acoso a Baltasar Garzón y la movilización ciudadana desatada esta semana a su favor. Se suma también el quinto intento fallido del Tribunal Constitucional de alcanzar un acuerdo sobre el Estatut. Pese al clima enrarecido, sostiene que su objetivo principal es el mismo: modernizar la justicia.

¿Cómo valora que el Tribunal Constitucional haya rechazado el último borrador de sentencia sobre el recurso del Estatut?

Lamento que no se haya dictado sentencia. Cuando es así, se cambia de ponente. Espero que se aproveche el trabajo realizado y que lo antes posible existan los consensos suficientes para que tengamos una sentencia.

¿Sería conveniente esperar hasta después de las elecciones autonómicas en Catalunya para hacer un nuevo intento?

'Estoy convencido de que el Supremo dictará una buena sentencia sobre Garzón'

El Tribunal continuará sus trabajos en función del asunto y no pensando en si va a haber elecciones en Catalunya. En este Tribunal hubo cambios de ponentes que permitieron tener una sentencia en algunas semanas. Otras veces, ha supuesto una reorientación de todo el trabajo.

Usted fue uno de los principales negociadores del Estatut. ¿Por qué cree que les resulta tan difícil a los magistrados del Tribunal Constitucional llegar a un acuerdo?

Creo que el Estatut es una ley constitucional, pero puede haber interpretaciones distintas de la Constitución. Eso es lo que lo hace especialmente complejo. Cuando nos encontramos ante una norma tan importante para el sistema como es un estatuto de autonomía, y además con un recurso que impugna más de 130 preceptos, lo que obliga a debatir punto a punto, el nivel de complejidad es muy grande.

¿Qué le sugiere la movilización de sindicatos y de diferentes grupos sociales a favor de Garzón?

Los ciudadanos en una democracia como la española tienen derecho a expresar su opinión sobre todos los asuntos y a hacerlo como lo han hecho por medios pacíficos. Al mismo tiempo, debemos ser conscientes de la importancia que tiene el Poder Judicial y, por tanto, la necesidad de respetar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en las decisiones que tenga que adoptar.

Si Argentina admite a trámite la querella que han presentado asociaciones de víctimas, ¿estará sacando los colores a la Justicia española?

'El Estado de derecho no está luchando contra el PP, está luchando contra los corruptos'

Cada proceso de salida de una dictadura tiene sus características. Lo ha tenido el español y lo tiene el argentino. Creo que los españoles hemos hecho los deberes en nuestra Transición de manera satisfactoria para todos. A lo largo de muchos años, de manera progresiva y con distintos gobiernos, se ha ido atendiendo a todas las injusticias que se habían derivado de la guerra. Es verdad que no había una manifestación específica y clara de reconocimiento y eso es lo que ha hecho el Gobierno socialista con la Ley de la Memoria Histórica.

Pero es innegable que la imagen de la Justicia española se ha resentido. Los medios más prestigiosos del mundo han criticado estos hechos.

Se producen dos episodios que se entremezclan. Al juez Garzón, al menos por el auto de imputación, no se le está cuestionando por investigar crímenes del franquismo, sino por haber cometido presuntamente una prevaricación en esta tarea.

¿Está bien fundamentada la querella contra el juez Varela que han presentado las asociaciones de memoria histórica?

Desencadenar una serie de querellas criminales contra unos y otros sólo llama a la confusión. Los tribunales tienen sus tiempos de trabajo. Insisto, dejemos que el Tribunal Supremo realice su trabajo. Confío plenamente en el más alto tribunal y estoy convencido de que, en su día, dictará una buena sentencia.

¿Y qué le parece que el PP haya definido ese acto de apoyo a Garzón como una 'algarada' y 'un ataque a la democracia'?

'Sólo desde la mala fe se puede sostener que Zapatero está negociando con ETA'

Me parecen declaraciones absolutamente excesivas. Hay que reconocer la libertad de expresión de los ciudadanos. En el ejercicio de esa libertad se puede estar de acuerdo con lo que se manifiesta o no, pero hay que advertir, desde la responsabilidad de los cargos públicos, que el ejercicio de esa libertad de expresión debe hacerse adecuadamente y salvaguardado el respeto a las instituciones.

El ministro José Blanco dijo, a título personal, que le dolía que los 'falangistas sienten a un juez en el banquillo'. ¿Comparte esta apreciación?

No me gusta que una fuerza, ni ninguna ideología extrema hacia un lado o hacia otro, sea capaz de poner en cuestión elementos que tienen que ver con el sistema democrático. Desde ese punto puedo suscribir las palabras que ha dicho el ministro de Fomento, pero no debe mezclarse con el respeto al Tribunal Supremo. Ellos tenían un derecho, previsto en la ley, de poder accionar y han seguido cauces procedimentales.

¿Debería estar la Falange prohibida en España?

En una democracia, todas las ideas tienen cabida, lo que no debe tenerla son formas de intolerancia como la violencia y otras.

La investigación de escándalos de corrupción política, como los casos Matas, Gürtel o Pretoria, ¿devuelve la confianza en el sistema judicial o quita credibilidad a los políticos?

Demuestra que el sistema judicial funciona; que las medidas adoptadas por este Gobierno en la lucha contra la corrupción están siendo eficaces y que se cumplen para todos los que de alguna manera utilizan un escenario público para aprovecharse del dinero de los españoles, sean cargos de un partido político, alcaldes, ciudadanos o empresarios. Estamos decididos a combatirla. Por eso creamos y potenciamos la Fiscalía Anticorrupción y estamos reformando el Código Penal, para endurecer las penas e impedir que se produzcan situaciones como estas. Respecto a la clase política, como en todos los colectivos, los ciudadanos tenemos que diferenciar entre quienes realizan su trabajo y quienes utilizan los entornos de la política para cometer delitos. Contra ellos hay que ser implacables.

'Los españoles hemos hecho los deberes en nuestra Transición de manera satisfactoria'

El PP pone en duda los informes policiales del sumario Gürtel y Francisco Álvarez Cascos habla de 'camarilla policial'. ¿El cuestionamiento de los cuerpos de seguridad del Estado es admisible?

Son afirmaciones sin fundamento que, realizadas por un dirigente político como Álvarez Cascos, resultan especialmente preocupantes porque afectan a la lógica de la democracia. Si alguien considera que se han dado esas situaciones tiene que ir a los tribunales y denunciarlas. La policía, los jueces, los fiscales y, en general, el Estado de derecho no están luchando contra el Partido Popular, que es lo que está afirmando Álvarez Cascos, están luchando de forma clara y decidida contra los corruptos. Pero ni el PP es identificable con la corrupción, ni todos los corruptos están en el PP. En lugar de hacer esas afirmaciones, Cascos debía de estar exigiendo a su partido que actúe de manera firme contra la corrupción política.

¿Considera que es una estrategia del PP para tapar la Gürtel?

Esa es la sensación que da. Si no fuera así, no se comprende por qué no toma decisiones firmes con independencia de lo que digan los tribunales. La responsabilidad política se basa en una relación de confianza entre los ciudadanos y quienes han recibido esa confianza. Los episodios de corrupción quiebran de manera clara esa relación y, con independencia de lo que digan los jueces, lo que se debe hacer es informar a los ciudadanos, darles explicaciones e intentar restituir lo antes posible esa confianza. Es así como se acredita un liderazgo político de verdad y no mediante el silencio.

¿Le falta liderazgo al PP?

El silencio ante los casos de corrupción es incompatible con el liderazgo político.

'Espero que el TC aproveche el trabajo realizado y que lo antes posible existan los consensos suficientes'

¿Qué efectos tienen sobre la ciudadanía declaraciones como las de Jaime Mayor Oreja, que habla de una supuesta negociación de Zapatero con ETA?

Pensé que había sido un error, pero al ver la continuidad en sus afirmaciones creo que sólo se pueden sostener desde la mala fe. No hay más que ver las detenciones que se llevan a cabo, no sólo de los terroristas sino también del entorno de la banda armada, para apreciar que estamos cumpliendo a rajatabla lo que decimos sobre la lucha contra todo tipo de violencia terrorista.

¿Qué opina sobre la sentencia de Egunkaria?

He tenido la oportunidad de leer la sentencia y haría dos precisiones. La Audiencia Nacional ha dicho con toda claridad que la fiscalía actuó con sumo rigor cuando en su día tomó la decisión de no acusar; es verdad que cinco años después. También dice que el periódico fue cerrado por el juez instructor cometiendo probablemente un exceso desde el punto de vista de la proporcionalidad de las medidas que tenía a su alcance. Aunque comparta la afirmación en este punto, creo que deben ponderarse los distintos escenarios. Uno es el momento de la instrucción y otro el posterior, el de la sentencia.

¿Pero no le parece escandaloso que se cerrase un periódico sin pruebas?

Sí, por eso la Audiencia Nacional argumenta que, quizá, esa medida fue desproporcionada y que podían haberse adoptado otras. Eso lo podemos valorar hoy y para eso son los escenarios distintos de los procesos. Frente a los errores judiciales también están los mecanismos para la reparación de situaciones como esta.

¿Cree que ETA declarará pronto un alto el fuego?

De ETA sólo espero que entregue las armas, que abandone esta defensa de la violencia que no conduce a ningún lugar y que decida de una vez por todas, de una manera clara, defender las ideas con la palabra y a través de procedimientos democráticos.

'El silencio del PP ante los casos de corrupción es incompatible con el liderazgo político'

El PP se plantea votar en contra de la reforma del Código Penal. ¿Conseguirán alcanzar el consenso?

Estamos trabajando para alcanzar el consenso más amplio posible en una norma tan importante como es el Código Penal. En el debate de totalidad se consiguió con el PP, que estaba de acuerdo con las líneas maestras. Progresivamente, y al calor de ciertos asuntos de naturaleza criminal, ha decidido aumentar el grado de penalización para ciertas conductas. También vamos a poder incorporar otros sectores, porque siempre hemos dicho que era una propuesta abierta al diálogo. Espero que, finalmente, el PP no se autoexcluya de este proceso. Si se aprueba como es nuestro deseo, los ciudadanos podrán comprobar que si algo caracteriza al nuevo Código Penal es su proporción: incrementa penas allí donde hacía falta, pero también oxigena otro tipo de delitos donde la sociedad española no demanda una reacción punitiva tan excesiva como la que puede haber hoy.

¿Es razonable que se hayan introducido en democracia más de 20 cambios del Código Penal?

Para reprender conductas, estas tienen que estar establecidas en una ley, que es el Código Penal. Hay una cierta tendencia, que no comparto como ministro, a que ante cualquier suceso en la sociedad que produzca cierta atención se responda con un cambio del Código Penal. Debemos revisar dicho código con datos objetivos, viendo qué delincuencia tenemos, cuál es mayor y cuál es menor. Lo que necesitábamos introducir era la perspectiva de la víctima.

EL PP insiste en reformar la Ley del Menor. ¿Está haciendo la derecha demagogia con este asunto?

Lo creo sinceramente. El PP está utilizando el dolor de las víctimas. Me resulta francamente doloroso y muy triste que un partido se mantenga en esta estrategia. La Ley del Menor la aprobó el PP en el año 2000, pero no la dotó de memoria económica, no entregó ni un euro a las comunidades autónomas para financiar las políticas del menor, y tampoco dictó los reglamentos de desarrollo. Han sido los gobiernos socialistas los que han hecho ambas cosas. En 2006 evaluamos la aplicación de la ley y vimos que había que endurecer el tratamiento de algunas condenas y lo hemos hecho. Ni hay impunidad frente a los menores que delinquen ni incremento de la delincuencia juvenil.

Uno de sus principales objetivos al llegar al ministerio era modernizar la justicia. ¿Se siente satisfecho?

En este año de trabajo hemos adoptado muchísimas medidas. Puedo decir que se han producido muchísimos avances en el proceso de cambio. La justicia se encuentra hoy en un proceso de reconversión en todos sus aspectos, desde el punto de vista de la prestación del servicio público. La Oficina Judicial se pondrá en marcha el próximo mes. Esto supone que los juzgados tal como los concebimos hoy cambiarán absolutamente. Los tribunales de Justicia van a trabajar pronto en red para que los jueces puedan intercambiar información. Esto evitará que se produzcan algunos casos muy dolorosos, en los que se han tomado decisiones erróneas por falta de información en el momento de adoptarlas. También acabo de recibir el informe de los expertos para aproximar el mapa de la justicia al mapa de la España de hoy y quiero subrayar la reforma del Registro Civil, que traerá grandes beneficios a los ciudadanos.

En 2009, según el Consejo General del Poder Judicial, quedaron pendientes 3,1 millones de casos. ¿Conseguirá desatascar la justicia?

Estamos convencidos de que con el plan de modernización a tres años, los tiempos de espera de los procedimientos judiciales se van a recortar un 30% y que, además, vamos a ser capaces de reducir el número de asuntos que entran en los tribunales. Leyes que llegarán pronto al Parlamento, como la de arbitraje y la de jurisdicción voluntaria, ayudarán a lograr este objetivo. Si además aprobamos la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y confío en que así sea, entonces todavía se reducirán mucho más los temas pendientes. Estas piezas van a permitir que pronto el ciudadano aprecie un servicio público de justicia de mayor calidad.

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