El abogado de Baltasar Garzón (ver el escrito de defensa, en PDF) ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que absuelva al juez en la causa abierta contra él por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo en virtud de la 'doctrina Botín', que impide abrir juicio oral a instancias de la acusación popular cuando la particular y el fiscal piden el archivo.

Así lo indica el letrado Gonzalo Martínez-Fresneda en el escrito de defensa que presentó ayer en el Alto Tribunal, de 139 folios y en el que señala que el comportamiento de Garzón no constituye delito.

La Fiscalía también ha reclamado al TS la absolución de Garzón, mientras que el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad piden 20 años de inhabilitación por prevaricación.

El magistrado del TS, Luciano Varela, instructor de la querella contra Garzón por la investigación de los crímenes durante el franquismo, ordenó el pasado mes la apertura de juicio oral contra el juez, lo que motivó que el Consejo General del Poder Judicial le suspendiera cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional.

Tras ello, el Consejo le autorizó a trasladarse a la Corte Penal Internacional para ocupar durante los próximos siete meses un puesto de consultor de la Fiscalía.

La defensa subraya que las dos entidades que ejercen la acusación 'no han resultado ofendidas o perjudicadas por el supuesto delito de prevaricación que persiguen' y recuerda que, aunque la 'doctrina Botín' fue matizada, la Fiscalía ha pedido el archivo de esta causa por creer que Manos Limpias y Libertad e Identidad carecen de legitimación para instar la apertura del juicio.

Además, Garzón vuelve a pedir al TS la nulidad de actuaciones, ya que, según explica, Varela requirió a Manos Limpias que presentara un nuevo escrito de acusación al considerar que el primero no era válido.

La defensa del juez también solicita la nulidad del nuevo escrito de acusación porque cree que Manos Limpias optó 'por copiar textualmente páginas enteras de un auto anterior del instructor'.

El letrado asegura que la interpretación del ordenamiento jurídico llevada a cabo por Garzón es compartida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 'por amplios sectores de la Justicia Penal Internacional' y no ha sido cuestionada por 'ninguno de los órganos jurisdiccionales que han conocido de sus resoluciones'.

'Y con todos los respetos que pudieran merecer, no creemos que la opinión jurídica de dos grupos de extrema derecha (...) sea de mejor criterio, o parezca mejor fundada, que la de todos los anteriores', añade.