Baltasar Garzón procesó ayer a 24 personas, ocho de ellas empresarias, por su presunta integración o colaboración con el aparato de extorsión de ETA que se reunía en torno al bar Faisán de Irún.

Su dedicación al proceso abierto contra los crímenes del franquismo y no haber actuado en este sumario, en el que se destapó un chivatazo policial -que se investiga independientemente-, ha sido una de las críticas que ha recibido últimamente por parte del PP.

El auto, de 13 páginas, procesa por integración en organización terrorista y 144 delitos de amenazas terroristas a la dirigente etarra Soledad Iparragirre, Amboto, y otros cinco miembros de ETA, mientras que el resto de procesados están acusados de pertenencia o colaboración con banda armada y entre uno y tres delitos de amenazas.

Además levanta la imputación que pesaba sobre el ex dirigente del PNV Gorka Agirre, el director Editorial del Grupo Noticias, Pablo Muñoz, y otras nueve personas, por falta de pruebas que acrediten su participación en el pago del impuesto revolucionario. La imputación de Agirre fue cuestionada por su partido y en su defensa salieron incluso miembros del PSOE. El ex presidente del PNV Xabier Arzalluz aclaró ante el juez que si hubiera intermediado con ETA, habría sido expulsado del partido.

Canal de las remesas de cartas

La acusación concreta contra Joseba Elosua, propietario del bar Faisán, consiste en tres delitos de amenazas terroristas. Garzón señala en la resolución que el establecimiento era 'el lugar en el que se solían efectuar los diferentes contactos para canalizar las diferentes remesas de cartas de extorsión y realizar las labores de gestión de cobro y pago de las cantidades exigidas por ETA'. En concreto, el magistrado menciona tres envíos de misivas: entre febrero y marzo de 2005, en septiembre de ese mismo año y en febrero de 2006.

Sin relación comercial

Elosua 'mantenía contactos con diferentes empresarios con los que no tenía relación comercial alguna, de donde se infiere que los mismos podrían estar dirigidos a la gestión del pago de cantidades de dinero exigidas por ETA', dice el auto. Entre los procesados están empresarios y el periodista Jean Pierre Haracorene, al que el juez acusa de 'confeccionar informaciones sobre las personas susceptibles de ser extorsionadas' y remitir cartas a través de Elosua. En las conversaciones con el resto del grupo, según el auto, utilizaban palabras en clave, como vino, por dinero objeto de cobro, y factura, por el recibo que ETA entregaba una vez efectuado el ingreso.

En cuanto a los empresarios procesados, el juez central de Instrucción número 5 distingue dos casos: el de la empresa Azkoyen y el de Azysa.
Por el primero están encausados por omisión del deber de denunciar el delito los directivos de la compañía navarra que supuestamente participaron en el pago de 222.374 euros a ETA en 2001, según documentación intervenida en Francia, en la que el aparato de extorsión de la banda (Gezi) informaba al aparato militar (Otsagi) de que ya se habían cobrado. El juez cree que pudieron facilitar la detención de los culpables y no lo hicieron.

Por la constructora Azysa, han sido procesados sus socios, José Javier Azpiroz y Juan María Saralegi, por un pago de 54.000 euros a ETA en 2006. El juez hace hincapié en que por su deseo expreso se hizo constar que pagaban con carácter voluntario y con el fin de favorecer el proceso de paz, respecto al que añade que entonces la banda 'ni patrocinaba ni había abandonado la violencia'.

El auto se produce solo un día después de que las Juntas Generales de Guipúzcoa aprobaran una enmienda en la que denuncian el 'acoso' al que el juez ha sometido al empresariado vasco.