El genocidio saharaui llevará a Garzón a Tinduf

Aunque no haya trascencido hasta ahora, la investigación iniciada por el juez Baltasar Garzón en octubre de 2007 contra 13 responsables policiales marroquíes por los delitos de genocidio y torturas contra el pueblo saharaui sigue adelante. El último paso ha consistido en solicitar permiso a Argelia para que el magistrado pueda desplazarse a los campos de refugiados de Tinduf a interrogar a 13 víctimas de estos crímenes contra la humanidad.

Es la segunda vez que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se dirige a las autoridades argelinas para solicitar permiso para viajar a Tinduf. La primera vez fue hace un año, el 7 de enero de 2009. Argelia contestó a aquella solicitud de ayuda judicial que debía ser dirigida directamente a la República Árabe Saharaui Democrática.

Con el informe a favor del Ministerio Fiscal, Garzón volvió a dirigirse a Argelia el pasado 16 de noviembre. El motivo es que como España no reconoce oficialmente a la República Árabe Saharaui Democrática no puede dirigirse a ella ni enviarle ninguna comisión rogatoria. Por eso la vía para acceder a Tinduf es a través de Argelia, ya que Marruecos es muy difícil que responda afirmativamente a una petición semejante.

La mayoría de las 13 personas a las que Garzón quiere interrogar fueron testigos directos de "genocidio, de su detención o secuestro, de interrogatorios, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes", así como del "desplazamiento forzado" al que se sometió a muchos saharauis.

Los hechos investigados en la Audiencia Nacional se produjeron entre 1976 y 1987. Empezaron con el inicio de la ocupación del Sáhara explicaba Garzón en su auto de admisión a trámite, cuando se produjo una serie de desapariciones en Smara. La fecha que limita el periodo investigado coincide con varios secuestros en El Aaiún.

La querella inicial, en la que también se describen los crímenes de los que fueron víctimas la activista de los derechos humanos saharaui Aminatou Haidar y su familia, se dirigía inicialmente contra 31 altos cargos policiales marroquíes por 541 desapariciones. La falta de concreción de las acusaciones obligó a los querellantes a reducir a 13 el número de imputados.

Entre los querellados destaca el general Hosni Benslimane, jefe de la Gendarmería Real marroquí, quien fue galardonado por España con la Gran Cruz de Isabel la Católica en 2005. Se le acusa de ser "el superior que ordenó y dirigió presuntamente la campaña de detenciones y posteriores desapariciones en Smara en 1976".

También aparecen el ex responsable de la Dirección General de la Seguridad Nacional Abdelhafid BenHachem, al que se considera uno de los principales implicados en los secuestros de El Aaiún. También ordenó las torturas que se cometieron en 1988, prácticas en las que participaron otrosde los imputados.

De la respuesta que dé Argelia a la solicitud cursada por Garzón dependerá el ritmo al que avanzará la investigación iniciada.