Gestoras acusa a la Audiencia de ser "una parte más del conflicto"

Los 27 dirigentes de Gestoras pro Amnistía que empezaron a ser juzgados ayer por la Audiencia Nacional, por integración en la organización terrorista ETA, repitieron el mismo guión. Se negaron a responder al fiscal Carlos Bautista y a la acusación que ejerce la Asociación Víctimas del Terrorismo, y todos ellos, la mayoría en euskera, pero también en castellano, con unas u otras palabras, se mostraron orgullosos de pertenecer a Gestoras, porque así denunciaban la "represión" española y las supuestas torturas sufridas por presos de ETA.

Como en el centro de las críticas siempre estuvo la Audiencia Nacional, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, que les dejó manifestarse sin ningún tipo de cortapisa, recordó que "no juzga ideologías sino actividades delictivas". Admitió que "el tribunal no tiene más créditos que su palabra".
Cada acusado explicó que su labor, a la que llegó por su propia experiencia en la cárcel o la de sus familiares, consiste en denunciar las "violaciones de derechos" que sufren los "presos políticos vascos" y, en general, el pueblo vasco. Entre ellas mencionaron el GAL, la desaparición de personas -incluso las que se atribuyen a la propia ETA, como la del dirigente etarra Pertur-, la doctrina Parot y, sobre todo, la incomunicación de los detenidos y la dispersión de presos, que calificaron de "política criminal", por el "castigo" que supone para sus familiares.

Todas las declaraciones concluyeron con una renuncia expresa a su defensa al entender que el Estado español, a través de la Audiencia Nacional, les había condenado de antemano al perder su imparcialidad por ser "una de las partes del conflicto". Muchos de ellos dijeron que el tribunal les va a condenar, pero no les puede juzgar. Uno añadió que sólo les podía juzgar un vasco.

La defensa, ejercida por cuatro abogados habituales de miembros de ETA en la Audiencia, renunció al final de la sesión a 200 de los alrededor de 220 testigos que había propuesto para el juicio, lo que acortará sensiblemente la vista, que estaba previsto se prolongara hasta finales de julio. Teresa Palacios les advirtió de que están en su derecho, pero luego no podrían utilizar esta renuncia como argumento para la defensa.

El primero en declarar fue Juan María Olano, dirigente nacional de Gestoras, quien señaló que "es necesario respetar la voluntad de Euskal Herria mediante la negociación y el diálogo, porque por la vía de la represión no hay solución".

Según Olano, en Euskal Herria "no se respetan los derechos civiles y políticos". Tras preguntar en voz alta "quién tiene miedo a la autodeterminación", Olano concluyó diciendo que "es responsabilidad de todos buscar una solución al conflicto".

Olano no fue el único en hablar de diálogo. Julen Larrinaga dijo haber llegado a la conclusión de que "se debe ofrecer una salida al conflicto que se vive en Euskal Herria desde hace décadas, porque la represión no es la solución de ningún conflicto político en el mundo". Maite Díaz de Heredia, la única acusada en prisión, al ingresar tras la caída de la actual cúpula de Batasuna, reprochó al Estado haber "desaprovechado el reciente proceso de paz" que se "había visto con esperanza" en el País Vasco.

Pedir una amnistía para superar el conflicto también fue una idea recurrente en varios acusados, como Iñaki Loizaga, dirigente de Askatasuna, organización que reemplazó a Gestoras cuando sus actividades fueron suspendidas por el juez Baltasar Garzón.

Xabier Juaristi resumió el sentir de sus compañeros de banquillo diciendo: "No entendéis a los vascos en España. No es un problema de lengua. Es un problema de mentalidad. Detrás de todo esto hay un problema político". Como el resto, se declaró ya condenado.