La primera gran decisión de Jesús Gil como alcalde de Marbella traza una valiosa metáfora sobre su paso por el poder: en la madrugada del 26 de junio de 1991, las excavadoras municipales derribaron la casa de su antecesor, el socialista Francisco Parra, porque le estorbaba para una reordenación vial. Un testigo recuerda cómo la esposa de Parra, literalmente en la calle con lo puesto, preguntó: '¿Y ahora qué hacemos?'. Ante el gentío que se arremolinaba atraído por el jaleo, Gil tuvo uno de sus arranques de populismo exacerbado: '¡Que lleven a esta mujer al mejor hotel de Marbella!'. La ovación fue cerrada.

Parra llevó a Gil a los tribunales, recuerdan fuentes de la fiscalía. Pero se libró de todo pactando un precio de expropiación con el ex alcalde. 'Lo teníamos. Hubiera supuesto una condena de inhabilitación clarísima por prevaricación y derribo ilegal. Y no hubiera existido el Gil alcalde', señalan fuentes del caso. La historia habría sido otra, seguramente. Pero fue la que fue. Gil recibió una lección: el pueblo aplaudía sus arbitrariedades histriónicas; la Justicia no alcanzaba a echarle el guante.

Esa historia vive a partir del lunes el que podría ser su capítulo final: 95 imputados -entre ellos el núcleo de la política local de la época y numerosos empresarios- se sientan en el banquillo por la mayor trama de corrupción llevada nunca a juicio en España. Un saqueo de bienes públicos gestado bajo el gilismo y encabezado por su asesor urbanístico, Juan Antonio Roca. El caso Malaya. El juicio será también un juicio al gilismo.

El juicio del ‘caso Malaya’ arranca el lunes en Málaga con 95 imputados

Gil arrasó en 1995 en Marbella. Su hijo Jesús Gil Marín, en Estepona. En 1999 su partido, el GIL, ganó las elecciones en Marbella, Estepona, Ronda, Manilva, Casares, La Línea de la Concepción, Ceuta, Melilla... José Cosín ha descrito cuál era su modelo político en su libro Mafia y corrupción: la toma democrática de las instituciones para el posterior expolio de los recursos públicos. Solía presumir de que cuando él llegó a Marbella sólo había 'prostitutas, mendigos y drogadictos'. Su oferta electoral era sencilla. 'Me presento para vender más pisos', decía Gil en la campaña de 1991. Cumplir su programa, lo cumplió.

Gil fue inhabilitado por prevaricación en 2002. En 2003, su sucesor, Julián Muñoz, volvió a arrasar. Al GIL no lo echaron los votos, ni siquiera tras la voz de alarma del Tribunal de Cuentas o las primeras impugnaciones de licencias por parte de la Junta en 1995. Tampoco los partidos tradicionales articularon un bloque contra el gilismo. Sólo el cisma que provocó la moción de censura que desalojó a Muñoz y llevó al poder a Marisol Yagüe en 2003 consiguió acabar con el GIL.

Fue su propia voracidad, y no el Estado, lo que terminó con el gilismo, borrándolo del mapa en Marbella y desencadenando en el resto de municipios una fuga de ediles de la que se benefició sobre todo el PP. El GIL cayó cuando la Justicia apenas acababa de empezar a actuar, dos años antes de que al fin un juez, Miguel Ángel Torres, decidiera abrir por fin una investigación.

Gil se libró por poco de una condena que lo habría cambiado todo

Así que en 2006, dos años después de la muerte de Gil, se desencadenó la operación Malaya. Pero, ¿cómo pudo ocurrir todo lo anterior con el silencio cómplice del empresariado y el aval de los votos? 'En Marbella no se sabía la dimensión, pero sí que había corrupción. La gente decía: ‘Roba, pero hace. Por lo menos hace'. Ahora nadie confiesa que lo votaba', cuenta el ecologista Javier de Luis, uno de los primeros en denunciar sus desmanes.

El escaso arraigo de buena parte de la población marbellí ofrecía una ventaja demográfica para instaurar el modelo de Gil, que además compró miles de voluntades convirtiendo el ayuntamiento en una agencia de colocación. Y hay otra clave sociológica, que De Luis expresa con crudeza: 'El espejo moral de muchos en Marbella es esa jet set que la televisión enseña a todas horas'.

Gil dominaba la televisión. ¿Quién no recuerda Las noches de tal y tal, en el verano del 91, con Gil fanfarroneando en una bañera rodeado de bellezones? En la tele municipal, que lo glorificaba, sus astracanadas pasaban por heroicidades quijotescas. Era un ídolo. 'Estando él en prisión, unas señoras llegaron a mi casa para que firmara por su liberación. Hablaban de él como de Cristo', cuenta De Luis. Una vez caído el gilismo en desgracia judicial, la mezcla de aristócratas venidos a menos, folclóricos, chulos de piscina y (presuntos) chorizos dispuestos a sacar tajada del morbo empujaron a la televisión a crear un nuevo género de crónica de corrupción rosa para no dejar de martillear ni día ni noche con el caso.

'Todo este espectáculo ha sido un golpe para la credibilidad de la democracia y para nuestra imagen en el exterior', resume Jesús Sánchez Lambás, de Transparencia Internacional. A su juicio, el modelo gilista fue una sublimación, no una excepción. 'En España es norma: el corrupto gana y es adorado'.

La llegada al poder en 2007 de Ángeles Muñoz (PP) supuso el fin del ejercicio del poder como rama de la actividad delictiva, pero no la vuelta a la normalidad. El ayuntamiento arrastra una deuda de unos 500 millones y carga con los más de 3.000 funcionarios que dejó el GIL, que se encontró menos de un millar cuando llegó al poder, en una ciudad de 125.000 habitantes.

Consultados por Público, portavoces de PSOE e IU en Marbella denuncian que la alcaldesa mantiene además un estilo personalista y que da poco espacio a la oposición. 'Lo único que queda del gilismo son las deudas', ha afirmado Muñoz. En la clasificación de Transparencia Internacional, Marbella aparece en el puesto 82 de los 110 ayuntamientos estudiados. Es decir, entre los municipios menos transparentes de España.

El expolio de suelo público resultante de la voracidad del modelo gilista provoca todavía situaciones grotescas: mientras que Marbella suma siete de los mejores centros privados de España, según la Guía Dices 2010-2011, la imagen de los alumnos en aulas prefabricadas en la escuela pública -donde Marbella supera la ratio andaluza de alumnos por docente- es frecuente en los medios cada inicio de curso.

Ante su delicada situación económica, el Gobierno local ha solicitado que parte de los 4.000 millones en multas solicitados por el fiscal reviertan en la ciudad. Pero será complicado. 'El blanqueo es un delito que no genera resarcimiento', explican fuentes del caso. 'Lo que prevé la ley es el decomiso y entrega al Estado. El resarcimiento dependerá del Gobierno', añaden las fuentes.