El Comité Clínico, el órgano consultivo que deberá constatar que la mujer que quiera abortar después de la semana 14 de gestación padece una enfermedad, tendrá diez días para presentar su informe. Así lo recoge uno de los dos reales decretos que el Consejo de Ministros aprobó ayer y que desarrollan la Ley del Aborto, que entrará en vigor el próximo 5 de julio. Cada autonomía deberá contar al menos con un comité, que estará formado por dos médicos especialistas en ginecología y un pediatra.

El Gobierno también aprobó, como había anunciado, que las chicas de 16 y 17 años que quieran abortar deberán presentar un documento donde conste que han informado antes a sus padres. Sólo dejará de ser obligatorio si alegan que informarles supone un conflicto grave y un psicólogo o un trabajador social avalan su declaración.

El Consejo de Ministros aprobó otro reglamento que fija los requisitos que deberán cumplir las clínicas privadas que se acrediten para practicar abortos. La Asociación de Clínicas Acreditadas (ACAI) denunció que el desarrollo reglamentario es insuficiente, ya que deja muchos flecos pendientes de regular. Según aseguran las clínicas, las autonomías todavía no han definido cómo concertarán servicios ni han establecido cómo protegerán la identidad de quienes aborten, por ejemplo.

Registro de objetores

Por otra parte, el presidente de Navarra, Miguel Sanz, advirtió en Punto Radio de que no aplicará la Ley del Aborto hasta que el Gobierno desarrolle la norma para garantizar la objeción de conciencia de los sanitarios. La ley establece la creación de un registro de objetores, para evitar que un hospital se declare objetor en su conjunto, o que haya profesionales que objeten en los centros públicos pero practiquen abortos en la sanidad privada. Este registro todavía no se ha creado.