Ya durante la campaña de las autonómicas y municipales del 22 de mayo (y aún después), el PSOE y el Gobierno, empezando por su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, intentaron aplicar un trato exquisito a los indignados del Movimiento 15-M. Buscaron demostrar respeto escrupuloso, comprensión, casi afecto, frente a un PP que reclamaba con obstinación que se desalojase a los concentrados de la Puerta del Sol.

Esa pretensión de sintonía asomó ayer de nuevo en el pleno del Senado, durante la sesión de control al Gobierno. Preguntaba Francisco Javier Tuñón, independiente navarro. Y contestaba Ramón Jáuregui, titular de Presidencia. Pero al aprendido guión de la empatía hacia el 15-M, el ministro sumó una reflexión de luces largas, de más recorrido. Las fuerzas políticas, todas ellas, tienen el deber de 'encauzar' las quejas y reclamaciones de los indignados. Tienen la obligación de escucharles. Pero la exigencia es mayor hacia los partidos de izquierdas. 'Como representante de uno de ellos, tenemos más responsabilidad para sentirnos concernidos y para dar la respuesta adecuada a esas aspiraciones de tanta gente de nuestro país', resolvió, sin aportar mayor concreción.

El ministro cree que la responsabilidad de las fuerzas de izquierdas es mayor

Tuñón le había dado un pie perfecto. El senador echó mano de su habitual temperamento tranquilo para instar al Ejecutivo (y a la clase política) a 'tomar nota de lo que está pasando'. Que no tiene pinta de ser un fenómeno pasajero, apuntó, porque el sistema, en efecto, contiene 'disfunciones y deficiencias' que urge enmendar. 'El axioma de que la política es para los políticos y que los ciudadanos cumplan con su obligación y voten cada cuatro años es claramente insuficiente –arguyó–, y los síntomas están en las encuestas del CIS', que señalan mes tras mes que los políticos son la tercera inquietud para los españoles.

El 15-M, pues, ha puesto el dedo en la llaga. 'Se trata de que la democracia y las instituciones funcionen, que la separación de poderes se cumpla, que se destierren las prácticas corruptas y que exista transparencia en la gestión', glosó Tuñón, quien reconoció su 'simpatía y esperanza' por el movimiento después de haberse colado en las concentraciones de Pamplona y Madrid.

Ahora se abre la puerta del futuro, saber qué ocurrirá con una sublevación ciudadana que ha 'movilizado conciencias'. Porque 'la indignación, aun siendo necesaria, no es suficiente'. Y fue con esa puntada con la que el senador cosió su anhelo de que la 'energía positiva' del 15-M cuaje en 'complicidades necesarias' con las instituciones políticas y sociales para 'crear una democracia más justa, fuerte, participativa y solidaria'.

Se persigue una 'democracia más justa', recuerda el senador Tuñón

'Comparto la esencia de su planteamiento'. Con su arranque, Jáuregui ya parecía decirlo todo. Reiteró su 'respeto absoluto' a las manifestaciones y recordó la 'prudencia' con la que el Gobierno ha manejado la situación, evitando el desalojo policial por las bravas.

El ministro enseguida admitió que tras el 15-M subyace un explicable malestar ciudadano. 'Hay un trasfondo de protesta y de queja que tenemos que entender, atender, bien sea una protesta por el paro, por la crisis, por la manera en la que estamos teniendo que constreñir el gasto público, a las dudas de los mercados sobre las deudas soberanas o sobre las formas de participación en la política para enriquecer la democracia o sobre el comportamiento de algunos políticos, por qué no decirlo', analizó, pasando el dedo por el argumento de raíz que esgrimen los indignados: el rechazo a una democracia sometida a la voracidad de los mercados.

El Gobierno 'comprende', por tanto, la 'amalgama heterogénea de razones' que se expresan 'pacíficamente' en la calle, 'respetando el derecho de otros ciudadanos'. 'Eso también es democracia', elogió, como tímida censura a la actitud del PP.

Jáuregui coincidió con Tuñón en que las 'aspiraciones' del 15-M deben ser 'encarriladas hacia la política'. La labor de 'vertebrar esos sentimientos' recae en las fuerzas políticas. Pero la 'demanda de justicia social, de igualdad de oportunidades' revela que hay una 'apelación diferente a según qué partidos', que emerge una llamada directa e ineludible a la izquierda. Y es ahí donde el PSOE, afirmó, se siente 'concernido', invocado por la marea de los indignados.

El viernes ya lo denunció Gaspar Llamazares (IU)  en el Congreso. Ayer lo hizo Narvay Quintero (Coalición Canaria) en el Senado: algo ha pasado para que se haya contraído el voto CERA, el de los españoles residentes en el exterior.

Ramón Jáuregui, ministro de la Presidencia, reconoció ayer esa “reducción muy notable”: en 2007 integraban el CERA 558.000 personas y votó el 24,28%. El 22-M, el censo señalaba 707.000 electores y participaron 25.000 (3,64%). El ministro achacó el bajón a que el voto emigrante ha sido “por primera vez transparente y garantizado por la identificación” gracias a una Ley Electoral pactada por los partidos. CC pidió cambiarla.