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El Gobierno dicta que basta el pasaporte para empadronar

El abogado del Estado apela a la legislación local y de extranjería para recordar que corresponde a Interior y no a los ayuntamientos decidir si un inmigrante está en situación irregular

ÁNGELES VÁZQUEZ

Las corporaciones locales no son quién para determinar si un inmigrante se encuentra en situación irregular en España. Por eso, para empadronar a una persona "debe entenderse y considerarse válido y suficiente un pasaporte, aunque no cuente con el visado". Esta es la contundente respuesta que el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, ha dado al Ayuntamiento de Vic (Barcelona) para atajar la iniciativa anunciada por el equipo de Gobierno local de no empadronar a extranjeros sin papeles.

La respuesta, obviamente, es extensiva a todos los ayuntamientos y permite adelantar que los servicios jurídicos del Estado recurrirán cualquier práctica que se salga de lo establecido, en Vic, en Torrejón de Ardoz (Madrid) o donde sea.

El máximo responsable de la Abogacía del Estado repasa la doctrina constitucional y la normativa vigente en materia de padrón municipal y sobre extranjería, incluida la polémica reforma que la ley sufrió el año pasado. Afirma que todo ello establece que procede "la inscripción de los extranjeros en el padrón del municipio de residencia habitual, aunque se trate de extranjeros que no residan legalmente en territorio español"; es decir, que no cumplan los requisitos exigidos en la Ley de Extranjería en los que se amparaba el alcalde de CiU.

Según el informe, si fuera necesario residir legalmente en España para empadronarse en un municipio, tanto la Ley de Bases de Régimen Local como el Reglamento de Población y Demarcación Territorial "hubieran requerido, por su importancia y su carácter restrictivo, una previsión expresa por parte del legislador".

Ambas leyes "vinculan la obligación de inscribirse al hecho, puramente fáctico, de vivir en territorio español y residir habitualmente en un municipio y no a un dato jurídico, cual sería el de residir legalmente". De otro modo, el estar empadronado sería una "prueba de la residencia legal".

Y frente al informe esgrimido por al Ayuntamiento de Vic, la Abogacía del Estado asegura que el único dato que debe constar para inscribir a los inmigrantes que no sean de la Unión Europea es "el número de identificación de extranjero que conste en documento expedido por las autoridades españolas o, en su defecto, el número de pasaporte en vigor".

En ninguna de las leyes que regulan las corporaciones locales se les impone "la comprobación o constatación de la residencia legal", misión que "corresponde al Ministerio del Interior, que se sirve del registro de permisos".

El informe es inequívoco y aboca al consistorio de la capital de Osona a recular. El alcalde Josep Maria Vila dAbadal aún no lo hizo ayer. Tras conocerse el informe, opinó que las cosas deben hacerse "bien" y reclamó de nuevo un modelo de empadronamiento "común y consensuado".

Antes de que el Estado se pronunciara, el edil del PSC Josep Burgaya ya tenía claro el desenlace: "Supongo que dirán que estamos equivocados". Y añadía: "Si nos hemos equivocado, pues no lo haremos", informa Lea del Pozo.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz no quiso opinar sobre el informe de la Abogacía del Estado, porque "se refiere sólo a Vic". "Hace 16 meses que aprobamos una normativa para empadronar en nuestro municipio, y durante todo este tiempo no ha habido protestas", señalaron.

El informe que el consistorio de Vic encargó al bufete de abogados del ponente constitucional Miquel Roca Junyent, y que avaló su intención de no empadronar a los sin papeles, ha generado muchas discrepancias entre los jueces. El magistrado de la Audiencia de Barcelona, Miguel Ángel Gimeno, afirmó ayer que el empadronamiento tiene que basarse en la Ley de Bases de Régimen Local, que obliga a todos los ayuntamientos a censar a sus ciudadanos. Además, Gimeno dijo que el informe de Roca “no hace una ponderación de todo el ordenamiento jurídico en su conjunto” y da una “salida” al consistorio. En cambio, el juez Santiago Vidal, de Jueces para la Democracia (de corte progresista) señaló que la intención del ayuntamiento se ajusta a la legalidad, aunque admitió que hace una interpretación “excesivamente restrictiva” de la ley. Por otro lado, la ex jueza decana de Barcelona, Maria Sanahuja, se mostró comprensiva con la intención del consistorio y afirmó que había sido una maniobra para pedir ayuda a otras administraciones. “Desde hace muchos años los ayuntamientos padecen una situación dura porque están en primera línea de fuego y tienen que dar respuesta muchas veces sin recursos”, aseguró.

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