'Solamente puede celebrarse un matrimonio consular cuando al menos uno de los contrayentes es español y si las leyes y reglamentos del estado receptor no se oponen'. Esta advertencia del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación sobre el Registro Civil Consular supone, en la práctica, que las parejas homosexuales que residen en el extranjero sólo pueden casarse en los doce países que han legalizado el matrimonio LGTB. 

Además de en España, la unión civil entre personas LGTB (lesbianas, gay, transexuales y bisexuales), sólo está permitida en Portugal, Países Bajos, Bélgica, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Islandia, Argentina y Dinamarca, Brasil y en algunos distritos y estados de México y EE.UU.

Por lo tanto, si una pareja de españoles homosexuales que residan en Italia -por ejemplo- quiere casarse en el consulado español de dicho país, el funcionario competente en esta cuestión podrá abstenerse sin que se considere que está vulnerando el derecho de sus conciudadanos. ¿Cómo? Acogiéndose a una normativa internacional, el Convenio de Viena, vigente desde hace casi 50 años: desde 1963. 

Así lo ha justificado el Gobierno recientemente, al responder a una pregunta relacionada con este tema y registrada en el Congreso por el diputado de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares. 'Debido a esta limitación del artículo 5.f [del Convenio de Viena de Relaciones Consulares], la competencia reconocida a los Cónsules de España en el extranjero para autorizar el matrimonio civil de un español según la normativa española (arts. 49, 51 y 57 del Código Civil) cesa cuando se oponen a esta actividad [...] las leyes y reglamentos del Estado receptor', reza el correspondiente Boletín de las Cortes Generales.

Los artículos que regulan esta cuestión en el Código Civil datan de 1994

Es decir, que los artículos del Código Civil que protegen el derecho de 'cualquier español' a 'contraer matrimonio dentro o fuera de España' y que otorgan competencias para autorizarlo al 'funcionario diplomático o consular encargado del Registro civil en el extranjero' quedan prácticamente anulados con este añadido a la norma: 'También podrá contraer matrimonio fuera de España con arreglo a la forma establecida por la Ley del lugar de celebración'. La última vez que se retocaron estos tres artículos del Código Civil data de 1994.

En el boletín de las cortes, además, el Ejecutivo de Mariano Rajoy insiste: 'los cónsules españoles deben abstenerse, por falta de competencia, de autorizar matrimonios entre personas del mismo sexo en caso de que a ello se opongan las leyes del Estado receptor'.

'Es una injusticia: lo que sí es válido para los heterosexuales, no lo es para nosotros', señala la presidenta de la FELGTB

Ello supone que, en el día a día, las parejas LGTB se encuentran con más obstáculos que el llamado recurso de la vergüenza que interpuso el PP ante el Tribunal Constitucional a la Ley de Matrimonio Homosexual en 2005 y que aún sigue pendiente de resolución. 'Por supuesto que hay parejas que se han encontrado con esta situación y no han podido casarse en el extranjero', confirma Boti García Rodrigo, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). 'Es más, es que aunque se hayan casado en España, si quieren vivir en Italia, no podrán registrarse como matrimonio porque no podrán validarlo allí', explica.

'Es una injusticia porque lo que sí es válido para los heterosexuales, no lo es para los LGTB. Sigue fallando la igualdad y por eso tenemos que seguir luchando todos los días', argumenta la presidenta de la FELGTB. 'Nuestros derechos continúan estando muy restringidos y, desde la ILGA (siglas inglesas de Asociación Internacional de Lesbianas y Gays), estamos intentando que se modifiquen las normativas al respecto y que se unifiquen las leyes en cuanto a la validez de los matrimonios'.

Para Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de Diciembre, que agrupa a mayores LGTB, el problema va incluso más allá. 'Está claro que también influye la ideología, que aún estamos sometidos a la religión y que desde el Gobierno saben perfectamente a quién ponen cómo cónsul y dónde', sentenció.