El Gobierno que nos espera

Con un presidente del Gobierno in péctore empeñado en esperar a su discurso de investidura, no queda otro remedio que recurrir a técnicas interpretativas para indagar por dónde irán sus propuestas de gobierno. Una nueva rajoylogía, a imagen y semejanza de la vieja sovietología utilizada en su día para vislumbrar qué acontecía tras el opaco telón de acero, que bucea entre las declaraciones, acciones, omisiones y signos externos de su entorno, para descifrar las claves de lo que se mueve en la séptima planta de la sede del PP. Bajo esa perspectiva, los acontecimientos del pasado miércoles iluminan con sorprendente claridad lo que nos espera en el Congreso de los Diputados el próximo día 20.

La mañana de ese miércoles, en el Hotel Wellington de Madrid, convocado por la fundación FAES del PP, el exsecretario de Estado de Economía con Aznar y ex primer ejecutivo de Lehman Brothers en España, Luis de Guindos, señalaba las dos prioridades inmediatas. ¿Más austeridad? No: “Reforma laboral y reforma financiera”. Horas más tarde, en el programa 59 segundos de TVE, era el turno del exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete, que tampoco incluyó los recortes entre sus tres medidas urgentes para salir de la crisis: “Poner en marcha una reforma laboral importante, en un plazo muy corto […]. Poner en marcha una reforma fiscal dirigida a autónomos y pequeñas y medianas empresas, y abordar el saneamiento del sistema financiero rápidamente para que el crédito pueda fluir a los pequeños y medianos empresarios y autónomos”.

Guindos y Cañete no sólo coinciden en todas las quinielas de futuros ministros de Rajoy. Ese día coincidieron también en añadir como prioritarias las reformas de los sistemas financiero y laboral. ¿Casualidad? ¿O ambos, además de tener acceso a las ideas del líder conservador, tienen también su encargo de ir preparando el terreno para las medidas que anunciará en su toma de poder? Ese mismo miércoles empezó el desfile de protagonistas externos por la sede de Génova, y los primeros fueron el presidente de Bankia y también exministro de Aznar, Rodrigo Rato, y el presidente del BBVA y muy cercano al PP de Rajoy, Francisco González. ¿Otra casualidad?

También la tarde del miércoles, Rajoy se decidió a salir de su despacho para acudir a la Moncloa a discutir con el presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, la postura que este debe adoptar en nombre de España en la próxima cumbre de la Unión Europea que se celebrará el 9 de noviembre. Horas antes, a 1.600 kilómetros de allí, cerca ya de las dos de la tarde en Bruselas, llegó la hora de las preguntas en la rueda de prensa ofrecida por el presidente de la Comisión Europea (CE), Durão Barroso, y su vicepresidente responsable de temas económicos, monetarios y del euro, Olli Rehn. Acababan de presentar su propuesta para poner en marcha un sistema de eurobonos a cambio de una más amplia cesión de soberanía por los estados miembros del euro, y mayores poderes de la Comisión para intervenir en la gobernanza de los estados con problemas.

El PP pretende cambiar el actual modelo de negociación colectiva

Siguiendo un guión preestablecido o no, la portavoz dio primero la palabra a un periodista de la televisión alemana para que le preguntara al presidente Barroso cómo se había atrevido a presentar una propuesta de eurobonos “sabiendo que su socio más importante se opone”. Y la segunda a uno español para que hiciera lo propio con Olli Rehn: “Teniendo en cuenta la situación actual de España, si las medidas estuvieran ya en pie, ¿pondría la Comisión bajo esa estricta supervisión a España?”. Sorprendentemente, la respuesta del finlandés Rehn no fue la de exigir más recortes, ni siquiera más velocidad en ellos: “España ya ha tomado decisiones muy significativas de consolidación fiscal, especialmente en el último año”, dijo. Pero, sin solución de continuidad, añadió que en España “hay una muy clara necesidad de avanzar en reformas estructurales, sobre todo en el mercado laboral”.

¿Es también casualidad que el vicepresidente de la CE coincidiera con Guindos y Cañete en señalar la reforma laboral como prioritaria, o son pregunta y respuesta la muestra de que se ha producido una negociación previa entre bambalinas? Antiguos colaboradores de Rajoy vuelven a ser protagonistas. Rehn respondía a una pregunta del periódico La Razón, cuyo director, Francisco Marhuenda, no sólo fue diputado conservador en el Parlament catalán, sino que ejerció de jefe de gabinete de Rajoy como ministro de Administraciones Públicas y de Educación. Es posible que, quizás escarmentados por la incesante marea de advertencias sobre los efectos negativos que las políticas de austeridad están teniendo sobre el crecimiento económico europeo, la Comisión esté dispuesta a no exigir nuevas medidas urgentes que garanticen la consolidación fiscal española. ¿Pero a cambio de qué?

Prevé medidas de "flexibilización" de la contratación pero no explica qué hará La respuesta previa de Barroso al periodista alemán sobre la oposición a su proyecto de eurobonos también da pistas: “¿Recuerdan cuando el año pasado presentamos una propuesta para reforzar y flexibilizar el Fondo de Estabilidad Financiera? Varias capitales dijeron que jamás aceptarían que interviniera en los mercados secundarios. Ahora lo han aceptado”. Barroso anda reclutando aliados con los que vencer otra vez las resistencias alemanas a su proyecto, y Rajoy bien puede ser uno de ellos. Como el exministro Cañete dijo en 59 Segundos: “Pensamos que la prima de riesgo bajará cuando se pongan en marcha las reformas y cuando, además, la UE ponga en marcha los mecanismos que permitan aliviar las tensiones de las deudas soberanas a través de las intervenciones del Banco Central Europeo, o bien de las emisiones de eurobonos si se concreta la propuesta de la CE”. ¿Otra vez casualidad, o Cañete maneja más información de la que reconoce? Como exdiputado europeo durante 13 años y ministro de Agricultura después en la última legislatura de Aznar, no sólo se habla de él para ministro de Exteriores, sino que es el principal brazo de Rajoy para temas comunitarios.

Las reformas laboral y financiera serán, pues, la clave de las propuestas de Rajoy. No la profundidad de nuevos recortes presupuestarios. El propio Guindos lo reconoció así en FAES cuando aseguró, durante su intervención en el Hotel Wellington, que “el déficit público difícilmente va a cumplir el objetivo de bajar al 6% del PIB”. ¿Pero cómo se reformará el mercado laboral? Arias Cañete también afirmó en TVE: “Todas las medidas que tomemos el día 20 estarán contenidas en nuestro programa electoral”. Y el programa dice que “supondrá un cambio […] de la contratación, la negociación colectiva, el sistema de relaciones laborales, la formación orientada al empleo y la intermediación”.

Sus dirigentes intentan ahuyentar el fantasma de los recortes

El programa especifica que se dará prevalencia a los convenios de empresa en temas de salario y condiciones del trabajo y que se simplificará “la tipología de contratos laborales”, pero no cómo. Afirma que se “promoverán mecanismos efectivos de flexibilidad interna en las condiciones de trabajo”, pero no cuáles. Y que se bonificarán las cotizaciones sociales para los autónomos que contraten su primer trabajador no socio. Y es en esta cuestión en la única en la que el propio Rajoy especificó su cuantía durante la precampaña, serán 3.000 euros. Desafortunadamente, también el miércoles en un desayuno informativo, el presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, le contesto tajante: “Los empresarios no queremos bonificaciones, queremos simplicidad”.

Sobre la reforma del sistema financiero, el programa del PP afirma que se “exigirán responsabilidades” a los gestores que incurran en administración “desleal o negligente”, que se “impulsará” que sus retribuciones variables “se vinculen a los resultados a largo plazo”, y que se limitará “la remuneración de los gestores de aquellas entidades que requieran ayudas públicas”. Pero la primera medida que propone se limita a afirmar: “Culminaremos su saneamiento y reestructuración”, pero tampoco deja claro cómo.

La tercera pata que apuntó Arias Cañete es la fiscal, con la vista puesta en emprendedores y pymes. El PP quiere llevar adelante su propuesta de modificar el régimen del IVA, para que el impuesto no se pague a Hacienda hasta que el pequeño empresario no haya cobrado efectivamente las facturas. Además, rebajará el tipo del Impuesto sobre Sociedades que soportan las empresas más pequeñas (las que ingresan hasta diez millones de euros) hasta el 20%.

Otra propuesta destacada en materia fiscal, pero de alcance general, es la recuperación sin restricciones de la deducción en el IRPF por la compra de vivienda, que ahora sólo se aplica a los que ganan menos de 24.000 euros anuales.

Sanidad:  Llegan los recortes y la amenaza del ‘copago’

Aunque en la campaña el PP hizo una encendida –y difusa– defensa de la sanidad pública, sus actuaciones allí donde gobierna, como Castilla-La Mancha o Galicia, apuntan a los recortes como primera medida contra el déficit de 15.000 millones del Sistema Nacional de Salud. Mientras, algunos de sus dirigentes, como Alberto Núñez Feijóo en Galicia, no descartan el copago, y en Madrid Esperanza Aguirre refleja la apuesta del PP por aumentar la privatización. Rajoy, por su parte, abogó por suavizar la ley antitabaco, aunque en el sector se ve sólo como un guiño electoral.

Dependencia: Tijeretazo a las prestaciones sociales

La financiación de la Ley de Dependencia ha sido recortada en comunidades gobernadas por el Partido Popular, como Castilla-La Mancha y País Valencià. Estos tijeretazos a las ayudas han sido los primeros pasos de un camino que el futuro presidente esclareció poco antes de las elecciones. En una entrevista a El País, Mariano Rajoy afirmó que la ley "no es viable", y por ello "hay que hacer lo que se pueda". Rajoy justificó sus declaraciones en el informe de un grupo de expertos independientes que aconsejaban un cambio en el modelo de financiación.

Educación: Sin Ciudadanía y más gestión privada

El programa del PP dejó claro que la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) tiene los días contados. La duda es cómo se va a cambiar porque el equipo de Mariano Rajoy aboga por una asignatura que enseñe los valores constitucionales. Es decir, lo que se supone que ya hace EpC, que incluye la familia gay como una familia constitucionalmente aceptada. Más profunda será la reforma del sistema educativo que posibilite el otro objetivo programático: "Favorecer la libertad de elección de centro". Es decir, más escuela concertada. 

Aborto: Las menores no podrán abortar sin consentimiento

Uno de los pocos compromisos del PP en el ámbito sociosanitario ha sido el de cambiar la Ley del Aborto de 2010 para impedir que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir un embarazo sin el permiso de sus padres. Sin embargo, el hecho de que con la ley el aborto sea libre hasta las 14 semanas y que las menores no necesiten el consentimiento de sus padres -basta con informarles, salvo contadas excepciones- no ha convertido la norma en un coladero, como vaticinó la derecha. De hecho, ahora aborta un número similar de menores que antes de la ley.

Matrimonios gays:  No quiere que se llame matrimonio sino unión

El PP tiene recurrida la ley de matrimonio homosexual en el Tribunal Constitucional (TC). Según los conservadores, las bodas entre personas del mismo sexo vulneran siete preceptos constitucionales, entre ellos la definición en la Carta Magna del matrimonio como unión de un hombre y una mujer. Aunque Rajoy insiste en que hará lo que dicte el TC, quiere que los matrimonios gays se llamen de otra forma y sugiere el término "unión". Lo que aparentemente es un cambio de nombre puede poner en peligro, por ejemplo, el derecho de los homosexuales a adoptar.  

Inmigración:  Una Ley de Extranjería más dura

En el programa, las propuestas sobre inmigración son vagas. Pero en la oposición, el PP marcó algunas líneas. Es posible que los conservadores no presenten el contrato de integración, o hagan uno adulterado, porque en Francia no ha terminado de funcionar. También podrían endurecer la Ley de Extranjería (poner trabas al arraigo y a la reagrupación familiar) o promover que los ayuntamientos utilicen el padrón para denunciar a los sin papeles. Esta última práctica, que es ilegal, ya trató de implantarla Convergència i Unió.  

Violencia de género: Los menores, protegidos por la Ley Integral

El PP cambiará la Ley contra la Violencia de Género, "incluyendo a los menores en el ámbito de protección de la norma y reforzando los mecanismos de protección", según reza su programa. En el preámbulo de la ley se recogen las consecuencias que tiene la violencia de género sobre los pequeños, pero no se contemplan las medidas necesarias para paliar su impacto. Expertos e instituciones coinciden en que la norma, que entró en vigor hace casi siete años, ha supuesto un gran avance, pero todavía existen frentes abiertos y muchos aspectos que mejorar.

Vivienda: Facilidades para la compra, pero sin dación en pago

En su programa electoral, el PP apuesta por la vuelta al modelo económico del ladrillazo. La intención de los conservadores es la de aplicar a la compraventa de viviendas habituales, "de forma transitoria", el IVA superreducido. Y la de actualizar "la deducción por adquisición de vivienda en el IRPF". Sin llegar a proponer la dación en pago, pretenden hacer un guiño a los colectivos que la demandan introduciendo "mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable". Es decir, que los embargados no queden hipotecados de por vida.

Terrorismo: La difícil gestión del fin de la banda terrorista

La política antiterrorista del próximo Gobierno se centrará en la gestión del final de ETA. Con apenas 60 militantes escondidos en Francia y su anterior brazo político implicado en las instituciones, eso significa, en la práctica, adoptar decisiones sobre el colectivo mayoritario en el seno de la banda, los presos. La primera disyuntiva será el acercamiento de los internos al País Vasco, una vez que la dispersión pierde sentido con una ETA inactiva. Luego, la aplicación del Código Penal, reformado por última vez en 2003, con el Gobierno de Anzar, permitirá aplicar otros beneficios.  

Seguridad: A un paso de la cadena perpetua 'a la francesa'

En la oposición, el PP utilizó cualquier crimen mediático para esgrimir una de sus medidas más populistas: la prisión permanente revisable o, lo que es lo mismo, la cadena perpetua a la francesa, en la que el reo puede conseguir la libertad, o no, tras 20 años de internamiento. No es la única propuesta de mano dura en un momento en el que, paradójicamente, las tasas de criminalidad están en mínimos. Quiere endurecer el castigo para los hurtos, crear una regulación especial para delincuentes multirreincidentes y agravar ciertas penas a los menores que delincan.

Memoria histórica: ¿El fin de las ayudas a las víctimas?

El programa electoral del PP no incluyó ni una línea para atender a las víctimas del franquismo. Entre las asociaciones de familiares de represaliados ha cundido el temor a que las subvenciones del Ministerio de Presidencia, que apoyan a proyectos relacionados con la memoria histórica como las exhumaciones con un presupuesto cercano a los cinco millones de euros anuales, sean retiradas por el Gobierno de Mariano Rajoy. El nuevo Ejecutivo deberá afrontar qué hacer con el Valle de los Caídos. Una comisión estudia si los restos de Franco deben ser retirados de allí. 

Laicidad: Pendientes de si también se recorta a la Iglesia 

Ni una sola mención a los términos "Iglesia", "religión", "creencias" o "laicidad". La campaña electoral y el programa del PP han evitado dar pistas sobre cuáles van a ser las bases sobre las que se van a cimentar las relaciones Iglesia-Estado. Así las cosas, habrá que esperar a las primeras decisiones que tome cuando asuma el poder. Los conservadores han anunciado que habrá que recortar de todo menos de lo básico. Habrá que ver si consideran básicos los 6.000 millones de euros anuales que el Estado otorga a la Iglesia.

Nucleares: Sin intención de echar el cierre a las centrales

En su programa electoral, el PP deja claro que gestionará "los permisos de los emplazamientos nucleares conforme al cumplimiento de los estrictos criterios de seguridad impuestos por el Consejo de Seguridad Nuclear y las autoridades europeas". El PP explica así que no tiene intención de cerrar las centrales por motivos que no sean estrictamente técnicos. Esta definición deja abierta la posibilidad de prorrogar la vida de Santa María de Garoña, la central nuclear burgalesa que el Gobierno de Zapatero decidió cerrar en 2013. El CSN proponía prorrogarla hasta 2019.

CO2: Marcha atrás en la reducción de emisiones

El PP pretende dar marcha atrás en los compromisos españoles de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El pasado 20 de septiembre, los conservadores se negaron a firmar un texto consensuado por el resto de los grupos y presentó un documento alternativo en el que recomendaba no apoyar el incremento de la reducción de emisiones hasta un 30% en el año 2020, acordado por la UE. En su programa, el PP sólo propone el aumento del "patrimonio forestal como medio para incrementar la fijación de CO2 y contribuir a la lucha contra el cambio climático".

Televisión: El modelo público, en peligro de extinción

El programa de los conservadores constituye una loa a las liberalizaciones. La más clara de todas estas apuestas tiene que ver con el modelo de televisión. Al respecto, los conservadores pretenden impulsar "las reformas legislativas necesarias para que las administraciones autonómicas y locales tengan libertad para adoptar nuevos modelos de gestión de las televisiones públicas que permitan la entrada a la participación privada". Además, en los últimos años, ha quedado patente que al PP no le gusta el modelo informativo de TVE, por lo que se avecinan cambios en el ente. 

Toros: La tortura animal como arte de fomentar

"Fomentaremos la protección de todas las manifestaciones artísticas tradicionales que sean parte de nuestra cultura, como la tauromaquia", dice el programa del PP, que coloca a los toros a la altura de otras artes. Es un intento desesperado por blindar la llamada fiesta nacional de cara a posibles debates sobre su prohibición. Este mismo año, Cultura aprobó la creación de un nuevo Premio Nacional de Tauromaquia con el mismo objetivo. Y según Pío García-Escudero, "la protección, fomento y difusión de la fiesta" tendrá "un tratamiento especial" en los medios. Es decir: los toros vuelven a TVE.

Ayudas a la cultura: Mecenazgo para emprendedores, no subvenciones

Pocos conceptos gozan de tan mala fama entre la derecha como las subvenciones a los artistas, porque además de recibir ayudas del Estado luego se quejan, tal y como le pasó a Aznar con los artistas del no a la guerra. Uno de los pilares del programa del PP es sustituir la "ineficiente" y "trasnochada estrategia de la subvención" por "el mecenazgo como soporte activo de los emprendedores culturales". Con este lenguaje queda patente que la cultura es entendida por el PP como una industria que debe generar beneficios y que particulares y empresas deben involucrarse en su financiación, pero no el Estado. 

Propiedad intelectual: El agotamiento del modelo del canon digital

"El modelo del canon digital está agotado", ha repetido el portavoz de Cultura del Grupo Popular, José María Lassalle, y su programa promete su sustitución por "nuevos modelos de gestión y retribución de la propiedad intelectual más justos y equitativos". Según Lassalle, eso incluye una nueva Ley de Propiedad Intelectual, aunque del Gobierno de Zapatero hereda una medida impopular: la aprobación del reglamento de la ley Sinde, que el PP ha criticado en ocasiones por ser poco transparente pero cuya inclusión en la Ley de Economía Sostenible apoyó.