El Gobierno frena la consulta en el Constitucional

El Gobierno lo ha repetido hasta la saciedad. La consulta convocada por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, se recurrirá "en el minuto uno". La ley del Parlamento vasco de convocatoria y regulación de dicha consulta se publicó ayer en el Boletín Oficial del País Vasco. A primera hora de la mañana el presidente del Gobierno ordenó a la Abogacía del Estado que la recurriera. El recurso fue presentado a las diez de la mañana, y unas horas después interpuso el suyo el PP, como había anunciado.

El recurso de inconstitucionalidad presentado por los Servicios Jurídicos del Estado se basa en tres motivos fundamentales e invoca expresamente la suspensión por cinco meses de la norma impugnada, prevista en el artículo 161.2 de la Constitución.

La primera de las objeciones del Gobierno se refiere a que la ley viola los artículos 149.1 y 92 de la Constitución en relación con la ley que regula las modalidades de referéndum, porque su convocatoria es competencia exclusiva del Estado.

El Gobierno vasco niega que se trate de un referéndum y se refiere a él como "consulta popular al objeto de recabar la opinión ciudadana en el País Vasco sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política".

Sin embargo, la Abogacía del Estado considera que hay pocas dudas al respecto teniendo en cuenta el mero enunciado de las preguntas que prevía realizar a los "electores" vascos: "¿Está usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco, y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice 2010?". Para el Gobierno este enunciado es contrario a la atribución de la soberanía nacional al pueblo, que establece la Constitución, y a la unidad de la nación española.

Ni siquiera todo el País Vasco

Para ejemplificar que la consulta limita sólo a los vascos la soberanía para decidir sobre la autodeterminación de su Comunidad, el recurso señala que sólo se atribuye esta potestad a "tres de los siete territorios que juntos forman la Euskal Herria de los ideólogos del nacionalismo vasco".

"Se pretende consultar a esa fracción del pueblo vasco, fracción también del pueblo español, sobre el modo de articular el ejercicio de un supuesto derecho a autodeterminarse, rebasando los límites que la Constitución impone al ejercicio del derecho a la autonomía".

Además, los Servicios Jurídicos del Estado consideran que la tramitación de la ley vasca viola el propio Reglamento del Parlamento vasco, porque al aprobarse con el procedimiento de lectura única, ha alterado la correcta formación de la voluntad legislativa de la Cámara. Para ello, se basaba en "circunstancias de carácter extraordinario y razones de urgente necesidad". Como tales cita "el hastío de la sociedad vasca" al ver que se impide "el uso de vías democráticas para alcanzar la normalización política" y "la situación de bloqueo" que preside las relaciones entre el País Vasco y el Estado español. Según el recurso, ninguna de ellas supone "una situación objetiva de carácter extraordinario y urgente".

Parecidos argumentos presenta el recurso del PP. Los conservadores exploran además un nuevo camino. Según su recurso, la primera pregunta, que condiciona un final dialogado a que ETA abandone la violencia, supedita la soberanía popular a la voluntad de la banda. Los conservadores consideran su texto "complementario" al del Estado, no opuesto, por lo que pedirán que ambos procesos se acumulen.