Adelgazar el sector público era una las promesas electorales del programa del Partido Popular en las últimas elecciones y, al parecer, el Gobierno de Mariano Rajoy está dispuesto a cumplirla cuanto antes. Por eso, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, tiene previsto llevar hoy al Consejo de Ministros un informe sobre las fundaciones y empresas del sector público con el objetivo de redimensionarlo.

Según informaron fuentes cercanas a la Moncloa, el documento contiene una aproximación de lo que posteriormente se concretará en una reducción de empresas y fundaciones públicas encaminado a 'simplificar y racionalizar' el sector público español.

Precisamente, ayer, un estudio de la consultora Russell Bedford alertaba de que la deuda de las empresas y entidades públicas adscritas a las comunidades autónomas se ha incrementado cerca de 5.400 millones de euros, un 53%, desde el comienzo de la crisis.

En enero de 2008 había 2.196 entes públicos en las comunidades autónomas, frente a los 2.671 actuales. Es decir, el número de este tipo de entes, entre los que principalmente se encuentran sociedades mercantiles, fundaciones, y consorcios, ha crecido casi un 22%.

Las comunidades que tendrían que hacer un mayor esfuerzo serían Castilla y León y CatalunyaSegún los datos manejados por Russell Bedford, de los 135.000 millones de euros que deben las comunidades autónomas españolas, el 11,5% procede de empresas asociadas. 'Una vez detectado un problema tan grave como este para la economía española, lo que debe hacerse es una auditoría a fondo en la que se detecten todas aquellas que no sean viables para cerrarlas', explica Fernando Zárraga, consultor de Russell Bedford España.

Las comunidades que tendrían que hacer un mayor esfuerzo serían Castilla y León y Catalunya. Las entidades públicas castellanoleonesas fueron las que más se endeudaron durante el periodo estudiado por Russell Bedford, un 631,5%, mientras que en Catalunya fue donde más aumentó el número total de empresas públicas, un 71,5%.

Junto a Castilla y León, los territorios donde las empresas públicas despilfarraron más fueron Extremadura y Andalucía, con incrementos de deuda del 500% y el 371,5%, respectivamente.

Por su parte, La Rioja y Castilla-La Mancha fueron las comunidades en las que más se redujeron las deudas de este tipo de organismos, un 94,1% y un 43,6%, respectivamente. La Región de Murcia es la única en la que sus entes empresariales no acumulan ninguna deuda. Sólo en Castilla-La Mancha se redujo el número de empresas públicas; cerró el periodo con un 3,3% menos.

'La creación de empresas dependientes de los poderes públicos es una práctica que los gobiernos han utilizado en muchos casos para evitar que esos gastos computen directamente en las cuentas públicas, pero en otros para agilizar la gestión', explica el experto de AFI, José Antonio Herce.

Con la creación de estas empresas, los organismos públicos no sólo pueden esquivar requisitos de volumen de endeudamiento que marca la ley sino también de contratación de personal público con determinadas garantías y a veces hasta pueden agilizar los servicios prestados.