El Gobierno quita poder a las Cortes para entregárselo a los jueces

En el tiempo de descuento y por la escuadra del Parlamento. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, incendió anoche su estreno en el Congreso al anunciar, un minuto antes de concluir su comparecencia ante la Comisión Constitucional y sin posibilidad de réplica por parte de la oposición, el regreso al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anterior a 1985, cuando los propios magistrados elegían a 12 de los 20 integrantes de su órgano de Gobierno.

"En el CGPJ tenemos la intención de que los jueces y magistrados nombrados lo sean también por jueces y magistrados", informó escuetamente a la Cámara Sáenz de Santamaría ante el estupor de la oposición.

¿Qué fórmula desempolva el Gobierno? De 1980 a 1985, de los 20 miembros que integran el CGPJ, 12 eran elegidos por todos los jueces y magistrados en activo a través de candidaturas abiertas previa presentación de avales por un sistema mayoritario corregido, mientras los ocho restantes eran designados por el Parlamento, cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado.

A partir de 1986, con el socialista Felipe González al frente del Gobierno, esos 12 magistrados pasaron a ser elegidos también por las Cámaras, es decir, por la soberanía popular. Este método de elección fue retocado en 2001 con Aznar en el Gobierno. Desde entonces esos 12 miembros son elegidos por el Parlamento a partir de una propuesta de los magistrados. Con la reforma legal anunciada ayer, el Parlamento cede la soberanía a los jueces, un colectivo mayoritariamente conservador.

El PSOE reniega de este método. "Rompe los consensos básicos del Poder Judicial. Siempre hemos pensado que al CGPJ debe elegirlo el Parlamento, la soberanía popular", improvisó Jáuregui en los pasillos del Congreso atropellado por el anuncio de Sáenz de Santamaría. "Más allá de las formas poco democráticas para efectuar el anuncio, el fondo del asunto preocupa sobremanera al PSOE, por cuanto el PP defiende una forma de elección de los jueces ajena al Parlamento y que representa un retorno al pasado. Un sistema que ofrece menores garantías democráticas, ya que escatima al Parlamento, es decir, a los representantes elegidos libremente por los ciudadanos, la capacidad de decisión sobre el órgano de gobierno de los jueces", concluyó el Partido Socialista en un comunicado.

"Nos hemos visto privados de poder debatir una propuesta hecha a ultimísima hora que viene anunciando toda la tarde un periódico digital", se quejó Jáuregui , visiblemente molesto. El periódico al que aludió es elmundo.es, que, dos horas antes de que ser pronunciado, dio por hecho el anuncio de Sáenz de Santamaría. "Lo hará en la réplica", aclaró en Twitter su director, al comprobar que la noticia no llegaba a producirse. Dicho y hecho. Un minuto antes de concluir, la vicepresidenta del Gobierno dio telegráficamente la noticia que nunca figuró en la intervención que leyó detenidamente ante los diputados de la Comisión Constitucional.

"¿Es una falta de respeto al Parlamento?", preguntó un periodista a Santamaría al abandonar la Cámara. Encogida de hombros, la número dos del Ejecutivo se refugió en el silencio tras acusar recibo de las quejas de Jáuregui.

El PSOE considera que el PP ha roto el consenso sobre Justicia

El anuncio eclipsó la apuesta por la renovación "inmediata" e "imprescindible a corto plazo" del Tribunal Constitucional (TC) planteada por la vicepresidenta, que aseguró que el Ejecutivo ya ha empezado los contactos políticos para alcanzar un acuerdo. Sáenz de Santamaría recordó que también hay otras instituciones democráticas pendientes de un cambio desde hace mucho tiempo como son el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de RTVE. "No es ejemplar que esto haya sucedido y no debería volver a producirse", indicó, abogando también por nuevas fórmulas para el nombramiento de los miembros del TC que aporten "mayor estabilidad y menor dependencia de las coyunturas parlamentarias".

En su investidura, Mariano Rajoy ya adelantó que este era un objetivo "prioritario" Días después, el Ejecutivo se dio tres meses para resolver lo que mantienen paralizado desde hace años. Ayer, Sáenz de Santamaría proclamó su intención de "trabajar por el refuerzo de la independencia" del Constitucional, donde el bloque conservador es actualmente minoritario, y aseguró que el Ejecutivo se ha marcado como "reto" recuperar "por completo su prestigio deteriorado".

Sonó paradójico tras las recusaciones de magistrados durante el debate del Estatut y después de que la designación del cupo de miembros correspondiente al Senado se hiciera con 37 meses de retraso por la falta de acuerdo entre PP y PSOE. Las negociaciones se estancaron cuando todas las comunidades gobernadas por la derecha propusieron los nombres de Francisco José Hernando y Enrique López, en una estrategia que los socialistas consideraron un fraude de ley, iniciando un largo capítulo de desencuentros que se mantuvo a lo largo de la anterior legislatura.

El PSOE realizó un "llamamiento al consenso" asignando culpas: "Nunca más una actitud como la del PP, que bloqueó durante los ochos años que estuvo en la oposición estas renovaciones", recordó Jáuregui. Además de los cambios en la elección del CGPJ y el interés en renovar el TC, Sáenz de Santamaría anunció una ley orgánica para reformar el recurso de amparo y recuperar el previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía, aspecto criticado por CiU y el PNV.

El Gobierno deja el CGPJ en manos de un colectivo de mayoría conservadora

Dentro de la agenda legislativa inmediata, la vicepresidenta anunció además que el Gobierno aprobará en el primer semestre de 2012 el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la reducción de organismos públicos y subrayó con insistencia la palabra austeridad. También anunció un nuevo estatuto del personal para el CNI, que aprobará en febrero su directiva anual en función de la cual se fijan los objetivos del cntro para el año 2012.

"Compartimos sus buenos propósitos. Que no quede en eso", advirtió, cortés, Jordi Jané, de CiU. Su tono resume el del resto de la oposición hasta que la vicepresidenta se descolgó con el anuncio de modificación en la elección del CGPJ. PSOE, CiU y UPyD tendieron la mano para pactar una "actitud constructiva, útil y dialogante y firme en la defensa de los principios y valores progresistas", según dijo Jáuregui. "Yo no le voy a ofrecer consenso, sino una leal oposición", varió sobre la misma idea Rosa Díez, de UPyD.

Una crítica compartida recorrió varias intervenciones de la oposición. "No ha dicho ni una palabra sobre el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica", reprochó el socialista Jáuregui, como le recriminaron también Amaiur, ERC, el PNV y el representante de IU, ICV-EUiA, CHA, Joan Josep Nuet, "para que nuestros muertos que son sus muertos no estén en las cunetas". "No pedimos un entierro como el del dictador, sino dignidad", le apremió Nuet. Al retomar su turno, la número dos del Ejecutivo sustanció la cuestión con la simple declaración de "trabajar por la reconciliación, de forma cuidadosa, con respeto y sin que se reabran viejas heridas", concluyó Sáenz de Santamaría.