Han pasado ya casi once años desde que el entonces vicepresidente del Gobierno y hoy jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, tildara de 'pequeños hilitos solidificados con aspecto de plastilina' al importante vertido de fuel del Prestige, que asoló las costas gallegas en noviembre de 2002, causando una de las mayores catástrofes ecológicas de la historia de España. Ahora, su propio Gabinete da el asunto por zanjado y asegura que 'no existe riesgo de que pueda producirse un vertido de fuel que amenace el medio ambiente marino'.

En una respuesta enviada por escrito a la portavoz de UPyD, Rosa Díez, el Gobierno sostiene que en la última inspección del casco 'se comprobó el sellado de las grietas' realizado en los años 2002 y 2003, así como el estado de conservación de las válculas instaladas para la extracción de fuel del buque. 'Todos esos trabajos y elemento se encontraban en perfecto estado', insiste el Ejecutivo. 

Díez se había interesado por las razones por las que no se ha realizado ninguna inspección del pecio en los últimos cinco años. La portavoz de UPyD argumentaba su pregunta en unas declaraciones del subdirector general de Investigación del Instituto Español de Oceanografía, Demetrio Armas, que además de alertar de esa falta de revisión recordó que en 2006 se detectaron vertidos en la superficie del mar tras la finalización de la extracción de fuel del buque hundido.

UPyD ha querido conocer si el Gobierno ha recibido alguna nueva notificación sobre algún otro vertido. Pero el Ejecutivo insiste en que no, a pesar, dice, 'de la intensa vigilancia efectuada sobre la zona del hundimiento'. Señala, además, que el pecio 'contiene únicamente pequeños embolsamientos de fuel cuya extracción resulta imposible', e indica que en la última inspección del casco 'se pudo constatar que habían aparecido fauna y flora nuevas que se estaban fijando al pecio'. 

Esta respuesta se suma a la que ha hecho llegar el Ejecutivo al diputado de IU, Gaspar Llamazares, y en la que ha confirmado que los sucesivos gobiernos de José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy se han gastado casi 31 millones de euros en la última década sólo en pagar las distintas acciones judiciales emprendidas en EE.UU en relación al caso Prestige. La federación denuncia que pese a este inmenso desembolso, el Estado español no ha conseguido ninguna de las reclamaciones ni indemnizaciones que llevaron a emprender estas actuaciones, cuya capacidad de recurso ya se ha agotado.

En concreto, el texto remitido a Llamazares señala textualmente que 'por lo que se refiere a las actuaciones en Estados Unidos, la Administración del Estado ha actuado a través, en un primer momento, del despacho Holland and Knight y, posteriormente, del despacho Squire Sanders, al que se incorporó el equipo jurídico contratado inicialmente por España. El importe total de lo abonado hasta este momento (diciembre de 2012) asciende a 30.925.536, 92 euros'.

IU denuncia que a esos 31 millones hay que sumarles el coste de informes, viajes, dietas y asesorías externas relativos a la asistencia jurídica al Estado en el resto de pleitos seguidos tanto en España como en Francia, así como en otras instancias legales comunitarias, incluido el juicio ya abierto y que se sigue en estos momentos en Galicia, pero 'sin que sea posible desglosar los recursos económicos dedicados específicamente a estos procedimientos'.