El Gobierno ha presentado este jueves el recurso contra la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)  sobre la denominada 'doctrina Parot', que el 10 de julio condenó a España por vulnerar los derechos de la reclusa de ETA Inés del Río Prada, y ordenó la urgente puesta en libertad de la recurrente.

El Ejecutivo tenía de plazo hasta el 10 de este mes de octubre para recurrir la resolución ante la denominada Gran Sala del mismo tribunal de Estrasburgo, lo que ha hecho ahora. La interposisión del recurso ha paralizado hasta la fecha la excarcelación de la propia Inés del Río, y de otros presos de ETA, que se calculan en más de 60, que se beneficiarían del mismo fallo al permanecer en la cárcel por la misma 'doctrina Parot'.

El ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, ha elegido San Sebastián para confirmar este jueves la interposición del recurso, al término del acto de inauguración de la oficina electoral que el PP de Guipúzcoa ha abierto 'a pie de calle' en la ciudad.

El pasado 10 de julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exigió la excarcelación de la etarra, condenada a más de 3.000 años de cárcel, y condenó además a España a pagarle una indemnización de 30.000 euros, al entender que se había prolongado su condena de manera irregular al aplicarle la llamada 'doctrina Parot'. El Gobierno anunció entonces que recurriría el fallo ante la gran sala del TEDH, para lo que tenía plazo hasta el 10 de octubre, y que no excarcelaría a la etarra mientras la sentencia no fuera firme.

El ministro ha explicado que el recurso apela a la 'excepcional repercusión social' que para España tiene el criterio del TEDH contrario a la 'doctrina Parot'. Ha añadido que aplicar de forma general el criterio contenido en la sentencia del tribunal de Estrasburgo supondría la puesta en libertad de 'los mayores terroristas y los más peligrosos delincuentes comunes que en estos momentos se encuentran cumpliendo sus condenas'.

Ha destacado que España ha cumplido los preceptos legales en esta materia y que asumir la sentencia del tribunal de Estrasburgo, que consideró vulnerado el derecho a la libertad de Inés del Río por el Estado español, 'tendría una repercusión muy negativa para el sistema jurídico español'.

El recurso entiende además que la sección tercera del TEDH, la que dictó la sentencia, se apartó de la doctrina del tribunal europeo, que hasta ahora había defendido que los beneficios penitenciarios no forman parte de las condenas y, por lo tanto, no están protegidos por el principio de 'irretroactividad'.

El ministro ha recordado que esta sección entendió que a Inés del Río se le había 'aplicado una irretroactividad de las penas', lo que 'está prohibido por el artículo 7 del convenio'. Sin embargo, el recurso del Gobierno argumenta que esta afirmación es contraria a la propia doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre 'la distinción entre penas y la forma de cumplimiento o ejecución de la pena'.

'Hasta esta sentencia el Tribunal reiteradamente había afirmado, y además de forma unánime, que las formas de ejecución de las penas, y en concreto los beneficios penitenciarios que pudieran acortar el tiempo de cumplimiento, no forman parte de la pena, es decir, que no estaban afectados por la irretroactividad', ha explicado Ruíz Gallardón.

La 'doctrina Parot' no se deriva de una modificación legislativa, sino que 'únicamente' consiste en una 'doctrina jurisprudencial' que ha establecido el Tribunal Supremo 'no sobre la pena, que no fue modificada y de ninguna forma ha sido cuestionada, ni siquiera por la propia recurrente', ha dicho el ministro, sino 'sobre el sistema de ejecución'.

Gallardón ha recordado que Inés del Río fue condenada a más de 3.200 años de cárcel por su participación en 23 asesinatos consumados y otros 57 en grado de tentativa. A esta etarra se le aplicó la llamada 'doctrina Parot', un criterio establecido por el Tribunal Supremo por el que las reducciones de condena se aplican sobre cada una de las penas impuestas y no sobre la acumulación de todas ellas.

La Sala de lo Penal de la Audiencia está estudiando los recursos de 33 presos de ETA que quieren quedar en libertad en aplicación de la sentencia de Estrasburgo. Los jueces, que también están sopesando recientes sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo que suavizan la doctrina Parot, continuarán deliberando el próximo 10 de octubre. Del mismo modo, 16 reclusos de la banda hicieron una petición similar al Tribunal Constitucional, que rechazó su pretensión por no ser firme el fallo de Estrasburgo.