En una nueva vuelta en la espiral de desencuentros que jalonan las relaciones entre España y Venezuela, agitadas por la petición de extradición a Caracas del presunto etarra Arturo Cubillas, el Ejecutivo trasladó ayer al Gobierno venezolano su 'profundo malestar' tras una nota oficial en la que la República Bolivariana eleva su tono contra el intento, a su juicio, de relacionar al Ejecutivo de Hugo Chávez con ETA.

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, tachó ayer de'inaceptables e injustificables' las acusaciones de la comunicación remitida horas antes por Venezuela para tensar aún más la cuerda de sus relaciones con el Ejecutivo español. El comunicado rechazaba las 'declaraciones insistentes' del propio Rubalcaba, quien 'asocia al pueblo y al Gobierno de Venezuela con la banda terrorista ETA'.

Venezuela carga contra Rubalcaba, Trinidad Jiménez y Francisco Caamaño

La declaración de la Cancillería venezolana llegaba más lejos, al considerar una 'demostración de cobardía política' que España pretenda 'justificar su fracaso en la lucha contra ese flagelo [el terrorismo de ETA], intentando endosárselo al Gobierno y al pueblo de Venezuela', informa Daniel Lozano.

El comunicado, además de a Rubalcaba, dirigía acusaciones contra los titulares de Exteriores, Trinidad Jiménez, y de Justicia, Francisco Caamaño.

La responsable de Exteriores fue, precisamente, la encargada de hacer llegar el profundo enojo del Gobierno al embajador de Venezuela en España, Isaías Rodríguez, a quien telefoneó a media mañana 'Durante la reunión del Consejo de Ministros', según acotó Rubalcaba para trasladarle el rechazo del Ejecutivo al contenido del comunicado venezolano.

'Existe un profundo malestar en el Gobierno español en relación con la nota. Entendemos que se vierten acusaciones que son inaceptables e injustificables', sentenció Ru-balcaba, doblemente concernido por el alcance del comunicado por su condición de número dos del Ejecutivo y portavoz y la de ministro del Interior y máximo responsable, por tanto, en materia antiterrorista.

El vicepresidente solicita a Chávez más colaboración contra ETA

'Queremos que la colaboración con Venezuela en la lucha contra el terrorismo se mejore y vamos a seguir trabajando para que sea así', apostilló el vicepresidente primero en torno a este episodio, 'pero eso no impide que, cuando haya una posición pública que nos parezca inaceptable o injustificable, lo digamos', recalcó.

La semana pasada, España solicitó a Venezuela la extradición de Cubillas por diversos delitos de terrorismo relacionados con el supuesto entrenamiento de etarras y de miembros de las FARC en territorio venezolano. La Audiencia Nacional atribuye a Cubillas alto funcionario del Gobierno de Hugo Chávez desde 2005 la coordinación del colectivo de etarras deportados en Venezuela y de las relaciones con las FARC, vínculos que este siempre ha negado.

De hecho, la dura reacción del Palacio de Miraflores sede presidencial venezolana se produjo un día después de que el presunto etarra compareciera ante la fiscalía venezolana a petición propia, en calidad de testigo y apoyado por grupos de seguidores chavistas y medios de comunicación gubernamentales. Cubillas pidió ser investigado argumentando 'indefensión' ante las acusaciones que pesan en su contra.

En su defensa obra también la comunicación del Gobierno bolivariano, que insiste en la 'violenta campaña de terrorismo psicológico ejercida por la muy sensacionalista prensa española, que actúa como instrumento servil de grandes grupos económicos adversos a los ideales de la Revolución'.

Este comunicado concluye con una seria advertencia, exigiendo el 'cese inmediato' de las 'declaraciones ambiguas y tendenciosas' de los responsables españoles: 'El Gobierno venezolano no permitirá que se siga cediendo desde España, por oportunismo o por convicción, a la presión de las corporaciones mediáticas a expensas de la dignidad del pueblo venezolano'.

Caracas pide el fin de las 'declaraciones tendenciosas' sobre CubillasLas iras de Chávez contra Rubalcaba, Jiménez y Caamaño son la primera piedra en el camino de las relaciones bilaterales entre Caracas y Madrid tras la renovación gubernamental realizada por Zapatero hace tres semanas. El cese del antecesor de Jiménez en Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, no fue bien visto en la cúpula bolivariana. Añadido a estos recelos, en las últimas horas, la responsable de la diplomacia española también ha recibido duros varapalos de la oposición venezolana, tras negar la existencia de presos políticos en el país.

'No sólo es una mentira, sino que encierra una postura irresponsable', le reprochó la Mesa de la Unidad Democrática, apoyándose en los informes de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Transparencia Internacional y Human Rights Watch.

La penúltima escalada de tensión entre Madrid y Caracas arrancó en marzo, cuando la Audiencia Nacional procesó a varios miembros de ETA y de las FARC por colaborar en cursillos de adiestramiento en la selva venezolana, así como de planear atentar contra políticos colombianos en España, entre ellos el ex presidente Álvaro Uribe.

En el auto del juez Eloy Velasco se aseguraba que existen indicios de 'cooperación' del Gobierno de Venezuela en esa alianza terrorista. Disparada la polémica, España y Venezuela dieron por zanjado el desencuentro en un comunicado conjunto en el que ambos países se reafirmaban en la lucha contra ETA y se comprometían a seguir colaborando en este capítulo.

La normalidad apenas duró unos meses. Se enturbió en octubre, cuando el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno reveló en un auto que los presuntos etarras Xavier Atristrain y Juan Carlos Besance fueron adiestrados en Venezuela en agosto de 2008 por Cubillas y José Lorenzo Ayestarán, detenido en febrero en Francia junto al jefe del aparato militar de ETA en ese momento.

La contestación a Venezuela eclipsó el contenido de un Consejo de Ministros en el que el Gobierno situó la reforma de las políticas activas de empleo como 'punto clave de su agenda' inmediata, según enfatizó Rubalcaba y 'objetivo básico de los próximos dos meses' en la acción del Gobierno. Esta iniciativa se enmarca en la anunciada 'nueva agenda social' que el Gobierno pretende poner en marcha para mitigar las dificultades de 'los sectores que van a tener más problemas para incorporarse a la recuperación' económica.

El eje básico de esta reforma, según Rubalcaba, busca promover una 'relación más individualizada' entre los parados y los servicios públicos de empleo, en los que, según admitió el portavoz del Ejecutivo, 'hay muchas cosas que mejorar'.