El Consejo de Gobierno valenciano ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat a personarse en el caso Nóos, que se instruye en el juzgado de Palma de Mallorca, según ha anunciado este viernes el portavoz del Consejo, José Ciscar, en la rueda de prensa posterior a su reunión semanal. en el caso Nóos, que se instruye por el posible desvío de fondos públicos de la Comunitat Valenciana y Baleares al Instituto Nóos y en el que figuran como imputados Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres.

La pasada semana, Ciscar anunció que el Consejo estaba a la espera de recibir un informe jurídico que había solicitado con 'carácter de urgencia' a sus servicios jurídicos para decidir si se personaba en el caso. Císcar ha dicho que, con la personación, 'se garantiza que cualquier euro percibido indebidamente por el Instituto Nóos vuelva a la Generalitat'.

Este viernes ha recalcado que la personación de la Generalitat obedece a 'la supuesta actuación ilícita del Instituto Nóos' y, en este sentido, ha defendido que el convenio firmado con la entidad que presidía el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, 'administrativamente es correcto'. 'Mientras no se demuestre lo contrario, es así', ha añadido Císcar, quien mantiene que el convenio estaba 'avalado' por un 'informe favorable de la Abogacía de la Generalitat'.

En este punto, ha indicado que 'donde sí que puede haberse producido una actuación ilícita es en esas cantidades que, de manera ilícita, se han percibido por el Instituto Nóos' y que, por parte de la Generalitat, 'hay facturas que se aceptaron porque se veía que formaban parte del objeto del contrato', que suman 380.000 euros, y el resto 'se rechazaron porque se veía que no formaban parte del objeto del contrato', cuyo importe ascendía a tres millones de euros.

'Lo que no se sabía es que posiblemente las que se habían pagado, que sí tenían que ver con el objeto del convenio, se estaban también indiciariamente o supuestamente entregando al Gobierno balear, las mismas facturas', ha dicho. 'Ni el Gobierno balear sabía lo que pasaba aquí, ni aquí sabíamos lo que pasaba en el Gobierno balear', ha admitido Císcar, quien afirma que 'no se podía saber' y que ese tema 'está investigándose' en la actualidad.

En cuanto a la vía elegida para personarse, ha argumentado que 'solamente' tienen 'materia para una personación civil' y que, por tanto, han optado por esa vía al considerar que 'el convenio suscrito es administrativamente correcto porque así lo dice la Abogacía'.

Preguntado por si su intención de no ejercer acción penal se debe a la implicación de un miembro de la Casa Real en el proceso, ha sido tajante: 'No, en absoluto'. Císcar ha insistido en el Consejo lo que pretende es 'garantizar que un solo euro que de manera ilícita se le haya cobrado a la Generalitat vuelva a las arcas de la Generalitat' y que, por el momento, no se plantean acudir por vía penal porque ya ejercen ese papel el ministerio fiscal y la acusación particular.

De hecho, posteriormente ha precisado que 'se tendrían que dar unas circunstancias muy excepcionales' para que actuaran en la vía penal, algo que podrían decidir 'hasta el último momento' previo a la calificación si se dieran supuestos como, por ejemplo, que Fiscalía y la acusación particular finalmente 'decidieran no ejercer la acción penal' y la Generalitat viese 'motivos' para hacerlo por su cuenta.

A preguntas de los medios, Císcar ha señalado que el informe emitido por la Abogacía de la Generalitat 'no cuestiona el informe anterior', con el que avaló el convenio con Nóos. 'Es un órgano que depende de la Generalitat, no lo consideraría juez y parte porque entre sus funciones está emitir informes con absoluta imparcialidad, y así lo está haciendo en todos los casos', ha sentenciado.

En cuanto a la información que recoge el auto del instructor en este sentido, ha recalcado que 'ese auto en ningún caso desmonta lo que dice el informe de la Abogacía' y que el propio pronunciamiento señala que 'no son hechos probados', sino 'a modo indiciario', mientras que 'lo que sí es un hecho objetivo y constatable es el informe de la Abogacía de la Generalitat de que la forma de contratación era una forma jurídica adecuada y dentro de la ley'.

Respecto a la posibilidad de que la Generalitat, ex altos cargos o personas vinculadas a la administración pudieran ser acusadas, ha replicado que el 'escenario' que tienen 'encima de la mesa es un convenio que sale de una Consejería determinada, en la que por cierto hubo una persona imputada y ya no está imputada, y que ese es convenio el que se pone en cuestión'.

Císcar ha agregado que 'hay más relaciones con el Instituto Nóos' y que 'es un proceso muy largo, desgraciadamente', por lo que el Consejo se limita a 'analizar las circunstancias del auto actual' y que 'en estos momentos', éstas les llevan a 'reclamar la posible salida de dinero de manera ilegal de las arcas de la Generalitat'.