El Gobierno cree que está ante 'el final de ETA', pero no baraja modificar su política antiterrorista en lo que resta de legislatura hasta las elecciones generales del 20-N.

El Ejecutivo de Zapatero es consciente de los llamamientos que recibe desde Euskadi, tanto de la izquierda abertzale como del PNV e, incluso, del sector vasquista del PSE, para que tome medidas que favorezcan la pacificación y la normalización política. Sin embargo, no ve por ahora el momento de mover ficha. Su planteamiento, compartido con el Gobierno de Patxi López, es que la actual situación es consecuencia de la 'firmeza' en la política antiterrorista, la aplicación de la Ley de Partidos y el frustrado desenlace de las conversaciones de Loiola en el proceso de paz, cuando la izquierda abertzale perdió credibilidad ante parte de la sociedad vasca, algo que ha reconocido explícitamente en su debate interno.

El Gobierno cree que las bases abertzales darían la espalda a ETA ante un atentado

Según las fuentes consultadas en los Gobiernos de Madrid y Vitoria, llegado a este punto en el que se acaricia el final de la violencia, ni en la Moncloa ni en Ajuria Enea creen que se pueda 'bajar la guardia', al menos, mientras se mantengan las condiciones actuales. No descartan, sin embargo, que ETA haga público antes de fin de año un comunicado que suponga otro paso adelante hacia el abandono de las armas.

El Gobierno está persuadido de que la organización armada es consciente de que la nueva apuesta estratégica de la izquierda abertzale a favor de las vías exclusivamente políticas es firme, y de que si cometiera un atentado, la propia militancia le daría la espalda.

Los gobiernos de Zapatero y López apuestan así por mantener por ahora la política sobre los mimbres de la 'firmeza policial', respeto a las decisiones judiciales y la aplicación de la política penitenciaria. Esto significa que no barajan para los próximos meses movimientos colectivos de presos y que se mantendrá un tratamiento 'individualizado' en los posibles acercamientos a cárceles de Euskadi.

Los socialistas no olvidan las trabas del PP a su política antiterrorista

La izquierda abertzale, por su parte, confía en que Rodríguez Zapatero realice un gesto antes de dejar la Moncloa para 'humanizar' el proceso. Transcurrido ya un año desde que ETA anunció el cese de las 'acciones armadas ofensivas' y ocho meses de su declaración más explícita de alto el fuego 'permanente, general y verificable', la antigua Batasuna critica que ni el Gobierno de Zapatero ni el Ejecutivo vasco hayan, a su juicio, estado a la altura de las circunstancias para favorecer un proceso de paz sin precedentes. En primer lugar, subrayan, porque rechaza ya en su estrategia el uso de la violencia para la consecución de objetivos políticos y, en segundo lugar, porque renuncia a que el logro de la paz sea a cambio de una contraprestación política.

En esta nueva coyuntura, la última resolución de la Audiencia Nacional, que condena a Arnaldo Otegi y Rafa Díez a diez años de prisión, y a Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto a ocho años por pertenencia a banda armada, ha sido interpretada por la izquierda abertzale como un nuevo intento del Estado por hacer descarrilar el proceso.

Patxi López teme que la condena le sirva a Bildu de

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, rechazó ayer esa interpretación y se mostró convencido de que esta condena 'contribuye al avance hacia la paz'. En declaraciones a la Cadena Ser, agregó que el fallo 'no introduce ninguna distorsión' ni obstáculo en el proceso. Eso sí, dejó entrever que si ETA hubiese estado disuelta o la izquierda abertzale se lo hubiese exigido, la decisión de la Audiencia Nacional habría podido ser distinta. 'Pero como no se ha producido, desde el punto de vista jurídico, ETA sigue constituyendo una amenaza permanente y sus dirigentes tienen que ser condenados', concluyó.

Pese a todo, la izquierda abertzale no descarta que Zapatero realice un gesto para corroborar que el camino recorrido es el correcto 'Los pasos de Batasuna no van a ser en balde', dijo el presidente el 10 de octubre de 2010. Un interlocutor abertzale consultado dice que el Gobierno podría actuar sobre todo con alguna medida para flexibilizar la actual política penitenciaria con los presos de ETA, con su acercamiento a Euskadi o la puesta en libertad de los reclusos gravemente enfermos. La legalización de Sortu es otro asunto clave, pero este, como la eventual abolición de la llamada doctrina Parot, depende ya del Tribunal Constitucional. 'Será difícil que podamos llegar con Sortu a tiempo para las elecciones', admite el mismo interlocutor.

Para la izquierda abertzale, otro gesto que el Gobierno podría tener es el reconocimiento de la comisión de verificación del alto el fuego, que dirige el abogado sudafricano Brian Currin. Su Grupo Internacional de Contacto (GIC) trata desde hace meses, sin ningún éxito, de abrir una vía de interlocución con el Ejecutivo. 'Sería conveniente que formalizara una relación y que reconozca a esta comisión de verificación. Al menos, el lado positivo es que el Gobierno no está poniendo obstáculos a esta comisión en otros países a nivel diplomático, y lo podría hacer', asegura una persona que conoce bien la situación.

La percepción negativa sobre la actuación del Gobierno todos estos meses es compartida por todo el arco del nacionalismo vasco, incluido el PNV. Esta misma semana, su presidente, Iñigo Urkullu, declaró durante su intervención en Forum Economía en Bilbao: 'El apoyo del PNV a los Presupuestos del Estado se ofreció también para ganar tiempo, para dar tiempo a avanzar en la paz. La percepción que tengo es que no se está trabajando esta oportunidad'.

Las próximas elecciones del 20-N abren otra incógnita sobre cómo pueda evolucionar el proceso hacia el final de la violencia y la normalización política si, tal y como apuntan las encuestas, el PP llega al Gobierno. Los ejecutivos de Zapatero y López no olvidan los obstáculos que la formación conservadora puso durante el último proceso de paz y ven, además, con cierta 'preocupación' lo que pueda ocurrir con Rajoy en la Moncloa bajo la presión de los sectores más 'duros' de la derecha o de algunas asociaciones de víctimas. El temor de los socialistas no es tanto porque pueda haber 'pasos atrás' por parte de Rajoy, sino porque se dilaten los avances del 'otro lado'.

La izquierda abertzale, por su parte, considera que el proceso de paz puede llegar a buen puerto independientemente de que el PSOE o el PP estén en el Gobierno. La formación ilegalizada aún no ha logrado abrir una interlocución con los conservadores, pero está convencida que antes o después su puerta se abrirá. Ve para ello dos posibles vías: hacerlo a través del PP vasco de Antonio Basagoiti, en el que aprecia una evolución, o bien directamente en Madrid, una vez la coalición abertzale que impulsarán Aralar y las fuerzas que integran ahora Bildu [EA, Alternatiba e independientes abertzales] llegue al Congreso tras las elecciones. 'No tenemos ninguna vergüenza en decir que queremos abrir una vía de diálogo con el PP. Esuna irresponsabilidad cerrarse a hablar', señaló un dirigente de la izquierda abertzale.

Ayer mismo, Rajoy envió un duro mensaje a la izquierda abertzale al hilo del caso Bateragune. 'Es un paso muy importante que debilita a gente que ha estado apoyando y sigue apoyando a una organización terrorista como ETA (...) Mientras no se produzca un comunicado diciendo que ETA abandona las armas, todos sabemos lo que hay que hacer: aplicar la Ley, y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el apoyo de todos, tengan la mayor efectividad'.

Al margen ya de que el próximo inquilino de la Moncloa sea Rajoy o el candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, el 20-N constituye en Euskadi otra oportunidad para medir cómo valora la sociedad vasca los pasos dados por cada fuerza política en aras de lograr la paz.

En los pasados comicios municipales, Bildu se convirtió en la segunda fuerza más votada en el País Vasco, mientras que el PSE sufrió un severo batacazo. El Gobierno vasco, sin hacer mucha autocrítica, atribuyó en parte los resultados al tirón mediático de Bildu durante el proceso de legalización en los tribunales. Ayer, el lehendakari advirtió de nuevo del riesgo de 'volver a hacer la campaña' a la izquierda abertzale al convertirla en 'la víctima' por el caso Bateragune. 'La anterior campaña se la hicimos entre todos, no tuvo que hacer nada, se presentó a las elecciones y tuvo un resultado espectacular y ahora corremos el riesgo de hacer lo mismo'.