Las denuncias contra varias clínicas abortistas han reabierto el debate sobre la ley del aborto, pero también sobre la capacidad de la Sanidad pública de atender una demanda social.

La consellera de Salut, Marina Geli, avanzó ayer una serie de medidas que su Departamento quiere poner en marcha. De momento, la más llamativa es adelantar la detección de anomalías en los fetos del segundo al primer trimestre. Esta propuesta tiene como objetivo descubrir las malformaciones antes de las 22 semanas de gestación, de tal manera que sean los médicos de la Sanidad pública quienes asuman la interrupción del embarazo.

La realidad actual es que cuando una mujer, con un feto de más de 22 semanas y malformaciones, necesita abortar, los hospitales públicos la derivan a una clínica privada. Geli explicó ayer que cada año se detectan unos 60 casos de este tipo en Catalunya.

La ley dice que un embarazo con altas probabilidades de tener alteraciones físicas o psíquicas se puede interrumpir hasta las 22 semanas. De ahí que los médicos de la Sanidad pública no quieran asumir el riesgo.

A raíz de las denuncias contra clínicas abortistas, los profesionales del sector se sienten poco apoyados jurídicamente, lo que dificulta aún más la posibilidad de poder abortar en un centro público. Geli dejó claro ayer que la intención del Govern es 'alejar los temores que se manifiestan con respecto a posibles interpretaciones restrictivas de la ley' y para ello ya han pedido un dictamen jurídico para apoyar la actuación de los especialistas.

A diferencia de lo que afirmó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, cuando zanjó el asunto de la ley del aborto con un 'no hay gran demanda para modificar la ley', la consellera dijo ayer estar dispuesta a liderar el debate sobre la necesidad de la reforma. Aunque antes de entrar en más detalles, Geli afirmó que prefería esperar al informe del Comité Consultivo de Bioética de Catalunya (CCBC) sobre la situación legal, social, ética y sanitaria del aborto en España.

El presidente de E-cristians, Josep Miró, y artífice de algunas de las denuncias contra las clínicas abortistas afirmó ayer que la consellera 'dispara con pólvora mojada', ya que el debate es más profundo, 'hay que discutir qué es una malformación y qué no lo es'.

1 El diagnóstico
La intención de Salut es que el diagnostico prenatal se haga entre las 8 y las 13 semanas de gestación.

2 Comités
El Departamento quiere que en los casos de posible aborto, sea una comisión quien los valore teniendo en cuenta, sobre todo, el consejo genético y el asesoramiento reproductivo de cara a una nueva gestación.

3 Dictamen
La consellera de Salut, Marina Geli, afirmó ayer que había pedido un dictamen jurídico a expertos para dar apoyo a los profesionales que realizan abortos. El objetivo es potenciar que las interrupciones del embarazo se practiquen más en la Sanidad pública.

4 La objeción de conciencia
No se podrá alegar si hay peligro para la madre. 

 Jaume Padrós , colegio de médicos de Barcelona

¿Por qué los médicos de la Sanidad pública son reacios a practicar abortos?
Esta es una cuestión difícil. Nadie quiere ser marcado por el aborto. La práctica del aborto no da a los médicos excelencia profesional.

¿Los médicos se sienten inseguros jurídicamente?
Este es el otro tema. La Ley actual confunde. No queda bien definida y por eso, hoy, socialmente existe una posible inseguridad jurídica.

¿El Colegio estaría de acuerdo con un registro de objetores de conciencia?
Esto debería explicarse muy bien pero probablemente es inconstitucional.

Usted dice que la cuestión de fondo es otra.
El debate del aborto es social y político. No hay que traspasarlo a los médicos.