Una imagen vale más que mil palabras. Eso pensaron los alumnos del Instituto Álvaro Falomir de Almassora (Castellón) que se fotografiaron dentro del aula con mantas y abrigos para hacer frente a las bajas temperaturas. Esa foto, tomada a principio de año, era la prueba de hasta dónde había llegado el estado de asfixia de la educación en el País Valencià, ya que los centros públicos no recibían dinero desde el mes de abril y algunos no tenían dinero ni para calefacción. Aunque esta semana los colegios recibieron, al fin, el pago de los gastos de funcionamiento que quedaban pendientes de 2011, la situación no se ha solucionado.

Las protestas que están protagonizando alumnos del instituto Lluís Vives de Valencia, se llevan sucediendo en las últimas semanas con mayor o menor intensidad en la mayoría de colegios del País Valencià, que han llegado a esta situación por el impago del Consell. La deuda les ha hecho reducir gastos y les ha puesto en un escenario de colapso económico.

Los impagos de la Generalitat dejaron a algunos centros sin calefacción

Como explica Vicent Ripoll, presidente de la Asociación Valenciana de Directores de Infantil y Primaria, se está haciendo 'una gestión muy racional para no tener que cerrar los centros'. Esta gestión racional no impide que las empresas que gestionan los comedores escolares estén al borde del cierre, al igual que las del transporte escolar. Los impagos también están afectando a la calidad de la enseñanza, ya que se han tenido que cancelar visitas a museos, teatros y la realización de actividades extraescolares.

Pero el pago del funcionamiento de los centros es sólo una parte. Con el objetivo de 'contener el déficit', el pasado 5 de enero el Gobierno valenciano aprobó un decreto que incluía una bajada en el sueldo de los docentes y un recorte total de 1.050 millones de euros. La mayor parte del tijeretazo se aprobó en sanidad, un total de 440 millones. Según estimaciones del presidente del sindicato CESM-CV, Andrés Cánovas, 'hay médicos que pueden perder hasta 8.000 euros anuales' porque, además de la bajada de sueldo prevista en el decreto, se eliminó un complemento salarial como es la carrera profesional.

El Ejecutivo de Fabra ha recortado 440 millones de euros en Sanidad

Junto a los médicos, los farmacéuticos son los otros grandes perjudicados. Los continuos retrasos en los pagos por parte de la Administración valenciana están asfixiando a un sector que ya ha perdido mucho volumen de facturación a raíz de los reales decretos que aprobó el Gobierno central para regular el precio del medicamento. Las farmacias convocaron tres jornadas de huelga a finales de diciembre, la última de las cuales no se celebró tras el cobro de 60 millones de euros, una parte de la cifra total que se les adeudaba.

Para el Partido Popular, la causa de esta situación económica es la 'deficiente financiación autonómica' por parte del Gobierno central. En este sentido, el Ejecutivo de Alberto Fabra reclama un sistema de financiación basado en criterios poblacionales que significaría un aumento de cerca de un 8% en los ingresos; más de 700 millones de euros cada año.

El País Valencià se resiente de la política de grandes eventos de Camps

Independientemente de la financiación, el problema de los impagos también es reflejo de la crisis financiera a la que ha abocado al País Valencià la política de grandes eventos apadrinada por Francisco Camps y la alcaldesa Rita Barberà. A estas políticas hay que añadir el gasto vinculado a presuntas tramas corruptas, como el posible desvío de dinero público a contratos de la red Gürtel, el saqueo de casi 40 millones de euros de las arcas de la empresa pública que gestiona el agua en Valencia, Emarsa, o la celebración de millonarios encuentros amparados por la Fundación Noós de Iñaki Urdangarin (Valencia Summit).

De la época de Camps también quedan aún millonarias facturas pendientes y contratos como el de la Fórmula 1, que cuesta cada año cerca de 20 millones, o el aeropuerto sin aviones de Castellón, que ha costado ya 150 millones, más otros 30 en publicidad.

Se trata de gastos que han vaciado la caja del País Valencià y que hacen difícil el abono de los pagos a sus proveedores, lo que repercute en la calidad de los servicios educativos y sanitarios.