El presidente andaluz, el socialista José Antonio Griñán, extendió ayer al ámbito nacional el debate sobre la incompatiblidad de los cargos de alcalde y parlamentario en el Parlamento autonómico. 'Sin duda alguna. Un alcalde tampoco debe ser diputado en el Congreso', aseguró ayer Griñán, quien añadió que se lo pedirá a su partido.

¿Y en el Senado? 'El Senado es distinto, es una cámara de representación territorial', afirmó en su primera comparecencia pública tras el primer Consejo de Gobierno posvacacional.

El PP dice que la ley gallega se aprobó con consenso porque 'no fue recurrida'

El presidente de la Junta, insistió, no obstante, en que su propuesta, materializada en Andalucía en una proposición de ley que será debatida en otoño, no consiste en la no elegibilidad de los regidores, como sí establece una normativa gallega desde 1992, sino en discutir si es compatible o no ocupar dos cargos públicos en una época de crisis como la actual, en la que los alcaldes requieren una mayor 'presencia cotidiana en los ayuntamientos' y en la que la actividad parlamentaria 'es el doble que la de hace 15 años'.

'No vamos a seguir el camino del PP [en referencia a la ley gallega]. No planteo ninguna cuestión que roce la Constitución. No planteo si [los alcaldes] son elegibles o no. Son elegibles. No lo discuto. Pero creo que no debería ser compatible. Un tercio de los diputados del PP [en el Parlamento andaluz] son alcaldes, ¿cuál es su hoja de servicios en esta legislatura aquí y en sus respectivos ayuntamientos?', se preguntó Griñán, cuyo grupo, el PSOE, no tiene a ningún regidor en la Cámara andaluza, aunque sí en el Congreso.

La medida ha enervado al PP andaluz, que, con alcaldes tanto en el Parlamento autonómico como en la Cámara Baja, ha anunciado medidas judiciales y protestas. Sin embargo, el rechazo a la propuesta socialista lo ha sumido a su vez en dos contradicciones. La primera, como recordó ayer Griñán, es la petición desde hace años de esa misma medida por parte del líder del PP andaluz, Javier Arenas. Y la segunda, el rechazo de su mismo partido a una propuesta similar aunque menos restrictiva a la que aprobó también el PP cuando Manuel Fraga era presidente de la Xunta.

'¿Cuál es la hoja de servicio de los alcaldes del PP?', se pregunta Griñán

Para intentar salvar esta última contradicción, la portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, alegó la semana pasada que en Galicia se aprobó la ley al principio de la legislatura y con el consenso de todos los grupos, cuando en realidad fue aprobada con la mayoría absoluta del PP en el tramo final de la legislatura y sin consenso alguno.

Ayer, preguntada de nuevo por el asunto, tampoco rectificó: 'Mantengo lo mismo que dije en la rueda de prensa del viernes. Se aprobó al principio de la legislatura y con el consenso de todos los grupos porque nadie la recurrió. En Andalucía, se cambian las reglas de juego al final de partido'.

El presidente de la Junta destacó, por otra parte, que la propuesta es negociable. 'Pero partimos del principio, porque creemos en ello, de la incompatibilidad', zanjó. El diputado andaluz de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo y alcalde de Marinaleda (Sevilla) también ha arremetido contra la propuesta.