El socialista José Antonio Griñán quiere que el Gobierno central dé un paso más. Ahora que ha permitido que se abra el grifo para los ayuntamientos más saneados, permitiéndoles endeudarse en 2011, el presidente de la Junta de Andalucía pide el mismo trato para las autonomías: que el Ejecutivo sea flexible y autorice a las regiones con menor deuda acceder a nuevos créditos, y a la vez castigue a las que tengan un agujero mayor.

Griñán formuló su petición a José Luis Rodríguez Zapatero en Madrid, en un desayuno informativo organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios y presentado por la portavoz socialista en el Senado, Carmela Silva. El presidente justificó su exigencia con las estadísticas de Andalucía, 'con un nivel de endeudamiento inferior a la media'.

Según los últimos datos del Banco de España, la deuda andaluza ascendió en el primer trimestre de 2010 a 10.788 millones de euros, lo que representa un 7,6% en relación con su PIB. El porcentaje, en efecto, queda por debajo de la media nacional, que en ese mismo periodo escaló hasta el 9% (94.621 millones en total).

Si se relaciona el agujero de cada región con su PIB, la peor parada es el País Valencià, pues sus 15.356 millones de deuda pesan un 15,1% de su renta. La mejor, Cantabria (595 millones, un 4,4%). Andalucía ocupa la novena posición.

Ayer arreciaron más reacciones a la rectificación anunciada el miércoles por Elena Salgado. En 2011 podrán firmar más préstamos los ayuntamientos cuyo nivel de deuda sea inferior al 75% de sus ingresos corrientes.

 En 2011 podrán acceder a préstamos los ayuntamientos con un nivel de deudainferior al 75%

La vicepresidenta continuó ayer su explicación de la marcha atrás dada por el Gobierno, ya que en mayo, cuando se aprobó el tijeretazo al déficit, se prohibió todo endeudamiento a las entidades locales. En RNE aseguró que ahora hay 'un poquito más de flexibilidad' que antes no existía por la presión de los especuladores. La estabilidad de los mercados ha permitido ese 'ajuste fino' que ayudará a los consistorios más limpios. En esta tesis ahondó el titular de Fomento, José Blanco: la situación económica 'va cambiando', también porque varía 'la perspectiva' que desde fuera se tiene de España.

En los pasillos del Congreso, Salgado subrayó que no se conocerá la lista de ayuntamientos que podrán acudir a nuevos créditos hasta final de año, pues los municipios pueden cambiar de situación, 'bien porque hagan una amortización o al revés, porque se hayan endeudado algo más'.

La vicepresidenta recordó que el Gobierno no discrimina en función del color político. Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), incidió en que la decisión del Ejecutivo beneficiará al 80% de los ayuntamientos.

El PP siguió a la contra. Javier Arenas, vicesecretario de política autonómica y local, anunció a Europa Press que su partido ha pedido informes jurídicos sobre la 'legalidad' del mayor margen de deuda local. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, amenazó con llevar a los tribunales los Presupuestos de 2011 si incluyen la rectificación del Gobierno, que tachó de 'arbitraria' y de ser una 'maniobra electoral'.

Para Alberto Ruiz-Gallardón, es una 'cortina de humo' para 'distraer la atención del problema de verdad', que es la deuda de las autonomías y el Estado, el 95% del total. El regidor afirmó que la medida no afectaría a Madrid: el Ayuntamiento no tenía 'intención' de endeudarse más en 2011.

IU, por su parte, exigió a Zapatero 'menos improvisación' y 2.000 millones para gasto social de los consistorios.